Cinco organizaciones yerbateras pusieron sobre la mesa del INYM un informe de 110 páginas para frenar los cambios que impulsa Nación. Lo que está en juego toca directo el bolsillo de los productores: el documento que acredita los kilos entregados quedaría sin reemplazo equivalente, y las entidades ya avisaron qué piden antes de que se apruebe nada.
Cinco organizaciones de productores yerbateros de Misiones presentaron un informe técnico de 110 páginas en la sede del INYM y pidieron que se frene el proyecto de reordenamiento normativo que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa oficial contempla eliminar 21 resoluciones que hoy regulan la actividad.
La entrega se hizo el martes por la mañana, con la presencia de Ricardo Maciel, representante del Gobierno provincial en el Directorio del Instituto. El presidente del organismo, Rodrigo Correa, no estuvo en ese momento.
El documento fue elaborado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay (AYAU), Productores Yerbateros del Norte (PYN) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM). Estas entidades vienen advirtiendo que la reforma puede golpear a los pequeños y medianos agricultores.
Qué compara el informe y por qué piden suspender el tratamiento
El texto, anticipado por PRIMERA EDICIÓN el 14 de noviembre, pone en paralelo las normas vigentes con los cambios propuestos por Nación. Se detiene en los sistemas de registro, trazabilidad, inspecciones, sanciones, calidad de la materia prima y condiciones de cosecha.
El reclamo central es que no se apruebe nada hasta que se sepan los mecanismos que reemplazarán a las herramientas que hoy usa el INYM para controlar la cadena yerbatera. Para las organizaciones, la propuesta va más allá de una simple simplificación administrativa y podría dejar al Instituto sin capacidad de fiscalización.
El comprobante de hoja verde y el DTV-e, en la mira
Uno de los puntos más resistidos es la posible desaparición del comprobante de recepción de hoja verde, creado por la Resolución 9/2017. Ese documento es el que permite acreditar cuántos kilos entregó cada productor a los secaderos.
El proyecto oficial propone reemplazarlo por el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), que administra el SENASA. Las entidades sostienen que ese sistema registra el traslado de la mercadería, pero no certifica necesariamente la cantidad que reconoce el establecimiento receptor.
“La desaparición del comprobante de recepción, sin un instrumento equivalente, deja al productor sin el documento específico que acreditaba los kilogramos entregados”, advierte el informe.
El control que pasaría a SENASA y el Registro de Yerbales
Otra inquietud es el traspaso de funciones de control al SENASA. Los agricultores quieren saber con qué recursos técnicos, infraestructura y personal contará el organismo para hacer las inspecciones que hoy realiza el INYM, tanto en las chacras como en las industrias.
El análisis también cuestiona la posible eliminación del Registro de Yerbales, que reúne datos sobre ubicación de las plantaciones, superficie cultivada y características productivas. Según las organizaciones, reemplazar esos relevamientos por información declarada ante otros organismos podría afectar las estadísticas propias y las proyecciones sobre materia prima futura.
Los tareferos y las condiciones de cosecha
Las observaciones llegan además a las condiciones laborales de los tareferos. Preocupa la eventual derogación de las normas que fijan un límite de 80 kilogramos para los raídos, salvo cuando se usan mecanismos específicos para facilitar el acarreo y la carga.
También hay interrogantes sobre la continuidad del Registro de Cosecha Mecanizada, los procedimientos de toma de muestras, las verificaciones de calidad, las sanciones por incumplimientos y la protección de identidad de quienes denuncian irregularidades comerciales.
En ese marco, las entidades pidieron precisiones sobre el convenio de intercambio de información entre el INYM y el SENASA, incluidos los protocolos técnicos que sostendrían la fiscalización. Y buscan saber cómo se garantizará la continuidad de los mecanismos para controlar operaciones del Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
El malestar que crece en el sector
La presentación ocurrió en un clima de creciente malestar por la situación económica de la actividad. Horas antes, en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el yerbatero Luis Andrusyszyn había alertado sobre el deterioro de las familias rurales, los pagos atrasados y la incertidumbre por el inicio de la zafriña.
“Ya no es un problema de precio, es un problema social, el quebranto de la familia”, expresó el agricultor. También cuestionó que haya establecimientos con deudas de cosechas anteriores.
Andrusyszyn sumó su preocupación por la capacidad del SENASA para asumir nuevas responsabilidades y criticó la falta de diálogo con la conducción nacional del Instituto. En particular, señaló que las organizaciones siguen esperando una reunión con Correa para tratar los problemas del sector.