El informe que complica a los peritos de la Corte y pone en jaque miles de juicios laborales
Policiales · Santa Fe

El informe que complica a los peritos de la Corte y pone en jaque miles de juicios laborales

Un informe midió por primera vez cuánta incapacidad reconocen los peritos de la Corte frente a los de lista, y la diferencia cambia el futuro de miles de juicios laborales en Santa Fe. El número que más incomoda a las aseguradoras no es el único dato del estudio.

Un relevamiento de la Red de Instituciones por la Producción puso números a una sospecha que hace años recorre los tribunales laborales de Santa Fe: los peritos de lista fijan incapacidades hasta un tercio más altas que el nuevo Cuerpo de Peritos Médicos de la Corte. El dato cayó como una bomba entre empresarios, ART y funcionarios que empujan un cambio de fondo en el fuero.

El estudio, elaborado con datos remitidos por la Corte al mes de julio, analizó 83 casos del período julio-agosto. El resultado: el Cuerpo de Peritos Especializados determinó un 7,8% de incapacidad promedio, contra un 11,67% de los peritos de lista. La diferencia ronda el 33%.

Para los empresarios la conclusión es contundente. Sostienen que el perito de lista agranda el daño porque su honorario crece con la magnitud de la incapacidad, mientras que el Cuerpo cobra un sueldo fijo judicial y, según esa lectura, analiza cada caso con mayor objetividad. "El criterio funciona, el desafío es la capacidad", repiten.

La Comisión Médica, en la mira

El informe también apunta a otra pieza clave del sistema. En el 84% de los casos, la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo —la instancia administrativa obligatoria antes de llegar a la Justicia— dictaminó que la incapacidad era del 0%.

El razonamiento es simple: si al trabajador le responden por escrito que no le corresponde ninguna compensación, lo natural es que busque reparación en los tribunales. Si obtuviera algún margen, muchos evitarían un juicio largo.

La disparidad entre instancias llama la atención. En un mismo caso, la Comisión puede fijar 0%, el perito de lista 11,6% y el Cuerpo de la Corte 7,8%. Todos son médicos, pero las opiniones difieren radicalmente sobre el mismo incidente.

El mismo médico, dos veredictos opuestos

Hay un caso que expone el nivel de dispersión del sistema. Un trabajador denunció un accidente laboral el 1 de diciembre de 2022 y llevó su reclamo a la Comisión Médica, que el 18 de enero de 2024 le dictaminó 0% de incapacidad. El expediente escaló a la Justicia y este año llegó al flamante Cuerpo de Peritos de la Corte, que fijó 6,6%.

Lo llamativo: el profesional que firmó el 0% en la Comisión es el mismo que, ya en el Cuerpo de Peritos, firmó el 6,6%. Se trata de Germán Víctor Ramón Calabrese, que pasó de un lado del mostrador al otro.

La embestida contra un perito crítico

El clima está enrarecido. El abogado de una ART, Mariano Losada, pidió en la Cámara de Apelaciones Laboral que aparten del caso que lleva al perito Javier Amherd por las duras críticas que hizo al sistema en un Run Run publicado el mes pasado. Para el letrado, esa opinión desfavorable compromete la imparcialidad del profesional. El movimiento generó ruido entre quienes defienden la libertad de expresión.

El sobre registro que multiplica causas

La hipótesis que este medio adelantó el mes pasado cobra fuerza. En Santa Fe se arma un expediente por cada incidencia denunciada, a diferencia de otros distritos, de modo que una única historia de daño laboral puede derivar en numerosos procesos.

El cambio legislativo aprobado este año incorporó el problema en el artículo 42 del Código de Procedimiento, que ordena acumular los autos de un mismo incidente y demandada. Pero legisladores y empresarios se quejan de que la modificación casi no se aplica. Los jueces laborales y las autoridades de la Corte argumentan dificultades tecnológicas para instrumentarla.

Herrera, la encrucijada de Fiscalía

En el fuero penal, los acreedores del financista Luis Herrera rechazaron ante el Ministerio Público de la Acusación la propuesta de juicio abreviado con la que la defensa intenta cerrar la causa por un default de u$s 34 millones. El motivo: el acuerdo no contempla compensación alguna por los ahorros perdidos.

Era el segundo intento. El primero, a principios de año, lo había rechazado la Fiscalía. Ahora la oferta subió: de 5 a 6 años de cárcel para Herrera y 4 años para sus dos hijos, que en la propuesta anterior quedaban libres.

El dilema para los fiscales es mayúsculo. Las víctimas se resisten a un acuerdo que no les devuelve nada, y las investigaciones no encontraron fondos ocultos. Las transferencias sospechosas por unos 5 millones de dólares en el exterior se comprobaron como pagos a clientes reales cuando Herrera intentaba frenar la corrida. Lo mismo con los u$s 20 millones extraídos del Banco Macro. Quedan unos 400 mil dólares en el exterior por clarificar, una cifra menor para un default de esta magnitud.

En paralelo, la quiebra ya liquidó bienes personales por algo menos de 500 mil dólares y la Sindicatura se dispone a extender el proceso a los dos hijos, lo que vaciará de contenido económico la causa penal. La hipótesis que gana fuerza es que el dinero se perdió como en todo esquema piramidal o ponzi: pagar al cliente viejo con el dinero del nuevo, atraído por rentas superiores al mercado, el modelo que popularizó Bernie Madoff.

¿Debe Fiscalía afrontar un juicio extenso y costoso que a las víctimas poco les interesa? ¿O debe aceptar que el protagonista de la mayor estafa financiera de la historia de la ciudad salga en pocos años, sentando precedente para casos como el de los agentes de bolsa Daniel Casanovas y Pablo Arcamone? Como referencia: en la agrofinanciera Guardati Torti, una estafa de u$s 2 millones a 200 personas, los dos dueños recibieron 4 años. Herrera enfrenta 462 víctimas y 34 millones. Una salida posible sería un abreviado con 10 u 11 años para él y 6 o 7 para sus hijos, aunque la defensa probablemente opte por el juicio oral, que Herrera transitaría en libertad porque se le cumple el máximo de prisión preventiva.

Ciag: la lupa sobre los seis años posteriores

En el caso de la financiera Ciag, la Fiscalía sostiene que la crisis se explica por lo ocurrido en los casi seis años entre la muerte del titular Juan Carlos Culhane, en 2017, y el default de 2022/2023 por unos u$s 4 millones. Un acreedor presentó esta semana una denuncia penal para indagar sobre el destino de bienes y fondos personales. Los fiscales siguen investigando los manejos de Paula Allegranza, esposa de Culhane, y del asociado Luis Roatta tras la muerte del titular.

Ferrarons y el concurso rechazado

El juez federal Carlos Vera Barros dejó sin efecto la orden de captura internacional contra Iván Ferrarons, socio de Gustavo Shanahan, en la causa por lavado de dinero en Terminal Puerto Rosario, después de que aceptara declarar el 24 de noviembre por videoconferencia desde España. En el fuero civil, la jueza Cecilia Camaño le rechazó la apertura de concurso preventivo por no presentar la documentación exigida: "La solicitud del concurso preventivo debe convencer al juez interviniente de la seriedad objetiva de la solicitud del deudor", señaló.

Departamentos que no se entregan

El juzgado civil y comercial N° 4 de Rosario, a cargo de Nicolás Villanueva, ordenó a Bauen Arquitectura y Pilay SA entregar un departamento de dos dormitorios de 73 m2 en el macro centro, tal como se contrató. Es el tercer fallo que no discute la naturaleza del contrato: una parte se comprometió a entregar el inmueble y la otra a pagarlo en cuotas durante 20 años. La Cámara de Apelaciones deberá dirimir en segunda instancia los casos que se acumulan.

El rumor que sacudió una cena de empresarios

En una cena de hombres de negocios corrió fuerte la versión de que Adecoagro estaría cerrando la compra de unas 900 mil hectáreas, acaso las que el Grupo Benetton tiene en el país a través de Compañía de Tierras del Sur Argentino SA. Consultado este viernes en el Congreso de Agronegocios que Agroeducación organizó en la Bolsa de Rosario, el director de Adecoagro, Alejandro López Moriena, se excusó: "No puedo dar información preferencial porque somos una empresa que cotiza en Bolsa". Aunque agregó: "Estamos con ganas de seguir creciendo. Vemos que hay muchas oportunidades en la Argentina de hoy". Habrá que esperar el informe trimestral.

Whpei, de viaje por España

En otro quincho, más informal, se comentó que el financista Fernando Whpei —implicado en la extorsión a empresarios que le costó el cargo al juez federal Marcelo Bailaque— está de paseo por España con planes de quedarse a vivir allá. El dato sorprendió porque venía cumpliendo prisión domiciliaria o portando tobillera. Su hermano Guillermo, también financista, rearma su fundación por la Democracia en Buenos Aires y se jactó de haber impulsado la presentación del documental "Detrás de la Pasión" en el festival de Mar del Plata.

General Motors y los chinos de SAIC

Días atrás, ejecutivos del grupo chino SAIC recorrieron la planta de General Motors en Alvear, con la que la automotriz estadounidense tiene un acuerdo. La visita generó expectativas entre el personal, cada vez más escaso, porque con la sola producción de la Tracker nadie asegura la supervivencia operativa del complejo. GM coquetea con los chinos desde hace tiempo y la planta aparece en el radar del desembarco.

Fiplasto vendió, pero no dijo a quién

Confirmado: Fiplasto vendió su campo de 384 hectáreas en Timbúes por 22 millones de dólares. No informó a la Comisión Nacional de Valores quién lo compró, y el adquiriente pidió reserva de identidad. Tampoco trascendió el proyecto. Dentro de los comparadores habría un operador portuario, aunque el muelle podría no ser el negocio principal: los impulsores buscan un proyecto Rigi para el predio, que sería el segundo de la provincia y quedaría cerca del puerto que construye Terminales y Servicios, el único Rigi en Santa Fe.

Un funcionario que denuncia a las ART

Entre ejecutivos de las ART es comidilla que un importante funcionario provincial, con alta visibilidad mediática, está muy activo presentando denuncias por accidentes y enfermedades laborales contra las aseguradoras, justo cuando el gobierno provincial busca cerrarle las puertas a la industria del juicio laboral. Incluso firmó varios expedientes.

El DREI que despertó quejas

El informe de la Fundación Apertura sobre el DREI por sectores en municipios del área metropolitana generó ruido. Tres conclusiones se comentaron en círculos empresarios: lo alto del DREI a las industrias en Alvear, a los comercios en Funes —ciudad con alquileres comerciales de u$s 6.000 a u$s 8.000 mensuales— y a los bancos en Rosario. Algunos municipios se excusaron con la calidad de los servicios, pero la comparación válida es la relación entre la tasa y el costo real del registro e inspección.

Presupuesto 2027: equilibrio y deuda

El gobierno de Santa Fe presentó su presupuesto 2027 con equilibrio fiscal, gastos y recursos en torno a los 18 billones de pesos. Se habilita a EPE y Aguas a endeudarse por hasta u$s 90 millones para mantenimiento e inversiones, y el Ejecutivo podrá tomar deuda por hasta $100.000 millones para comprar vehículos y maquinaria. El ministro Pablo Olivares anunció que lo recaudado por Inmobiliario Rural dejará de ser de libre disponibilidad y desde 2027 irá íntegramente a obras y caminos para la producción. La oposición reclama por la falta de datos sobre la Caja de Jubilaciones: el diputado Walter Agosto sigue esperando respuesta a su pedido de informes.

Rondas Rigi: el dato positivo

El encuentro reunió a 43 grandes compradores y 1.800 empresas de distintas provincias, con más de 2.500 reuniones de negocios y 4.500 asistentes. El Ministerio de Desarrollo Productivo trajo a la provincia una movida que originalmente iba a hacerse en Córdoba. El valor institucional: gobierno provincial y nacional trabajando juntos, como pasó en Rosario con el combate a la inseguridad, para que el tren de Vaca Muerta tenga paradas provechosas en el litoral.

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