El inquietante mensaje de voz que destapó la red de extorsión desde la cárcel que terminó en tragedia

Un audio filtrado en una investigación judicial revela la cruda realidad del “laburo” desde las celdas. La muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras ser extorsionado, puso bajo la lupa un sistema que permite a los presos bonaerenses usar casi 50 mil líneas celulares legales. La Justicia federal advierte que se trata de una “herramienta de trabajo” esencial para el crimen organizado.

“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”. Este mensaje de voz fue uno de los hallazgos clave de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado durante la pesquisa por el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez.

Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se quitó la vida en la Quinta de Olivos.

Una extorsión con final trágico

Rodrigo Gómez, de 21 años, murió por un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la madrugada del 16 de diciembre. La investigación determinó que fue víctima de una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena. Haciéndose pasar por policías, lo contactaron y lo convencieron falsamente de que la madre de una menor lo denunciaba por acoso a través de una app de citas.

Acorralado por la mentira y sin poder pagar las sumas de dinero que le exigían, el joven soldado tomó la drástica decisión de quitarse la vida. La jueza Arroyo Salgado fue contundente al calificar el hecho: Gómez fue víctima de “un laburo” tumbero.

Un problema de escala alarmante

El caso reavivó el debate sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las prisiones. Desde la pandemia de COVID-19, los internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están habilitados a tener estos dispositivos, siempre que cada línea sea identificada y registrada. El problema es que esa medida, pensada para una emergencia, no tuvo fecha de caducidad.

Las cifras oficiales son elocuentes: actualmente hay 48.693 dispositivos celulares registrados que los presos pueden usar libremente. Sus conversaciones no son monitoreadas a menos que exista una orden judicial específica. A este número se le suman los celulares que ingresan de contrabando, una práctica histórica y vigente.

La trágica muerte del soldado en la Quinta de Olivos.

Un ejemplo reciente de la magnitud del problema ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal desbarató una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo, Mendoza, realizaba “sextorsiones”. Usando el mismo método que con Gómez, contactaron a un hombre en Chubut, quien también estuvo al borde del suicidio antes de realizar la denuncia.

Lo más preocupante en el caso del soldado es que, al menos uno de los números utilizados para extorsionarlo estaba registrado legalmente por el SPB, no era un aparato de contrabando.

La advertencia judicial a las autoridades

Ante esta situación, la jueza Arroyo Salgado envió una nota al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, pidiendo desactivar lo que calificó como una “bomba de tiempo”. En el escrito, la magistrada detalló que el uso de celulares se ha convertido en una herramienta “imprescindible y esencial” para que los detenidos continúen con sus empresas criminales.

“La persistencia del uso de celulares… terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad”, afirmó la jueza en su pedido.

El esquema detrás de la extorsión y la muerte del soldado muerto en la Quinta de Olivos.

En una comunicación similar dirigida al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, Arroyo Salgado enumeró los delitos facilitados por esta situación: homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas, secuestros virtuales, narcotráfico, robos, grooming, pornografía infantil, trata de personas, corrupción e intimidación a testigos.

Un dilema de difícil solución

La solución, aunque lógica, es compleja en la práctica. Eliminar de golpe casi 50 mil celulares podría desencadenar una crisis de seguridad dentro de los penales. Fuentes del gobierno bonaerense reconocieron a Clarín la dificultad: “No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular… Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro”.

Paradójicamente, el actual ministro Mena se opuso durante la pandemia a que los presos federales tuvieran celulares, ya que sus unidades contaban con teléfonos públicos suficientes. El SPB no tenía esa infraestructura, lo que llevó a la Justicia a autorizar los dispositivos personales, una medida que se perpetuó.

El sistema carcelario bonaerense se encuentra en un frágil equilibrio. Mientras las líneas registradas siguen operando y el contrabando no cesa –en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales–, las advertencias de la Justicia sobre su uso delictivo se multiplican, dejando al descubierto un problema estructural de enormes dimensiones.