El insólito allanamiento que destapó un depósito de 77 kilos de marihuana en la casa de un empleado municipal
¿Qué encontró la policía cuando fue a buscar elementos robados a la casa de un empleado municipal? El insólito caso que terminó con una condena de más de 4 años de prisión.
Un allanamiento por un robo de ropa terminó destapando un hallazgo que dejó helados a los investigadores: 77 kilos de marihuana escondidos en el lavadero de la casa de un empleado municipal de Colón.
Diego Emanuel Romero García, de 35 años, fue condenado este mes a cuatro años y tres meses de prisión por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. El fallo, firmado por el juez Sebastián Gallino el 13 de agosto, llegó después de que el propio acusado reconociera su culpa en un juicio abreviado.
¿Qué pasó en el allanamiento?
La causa comenzó el 8 de septiembre de 2025, pero no por una investigación de narcotráfico. La División de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos buscaba elementos robados en la vivienda de la Avenida Perón al 489, donde vivía Romero García.
La orden del Juzgado de Garantías de Colón era recuperar ropa, zapatillas y una notebook denunciadas como hurtadas. Pero al revisar el lavadero, en una dependencia al fondo de la propiedad, los efectivos encontraron algo que no esperaban.
Allí había una caja de madera con 115 envoltorios rectangulares, conocidos como "panes", y una balanza digital de precisión. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 77,521 kilogramos de marihuana, muchos de ellos envueltos en bolsas de arpillera con inscripciones de "industria paraguaya", lo que marcaba el origen del cargamento.
Un "buen vecino" con deudas millonarias
La investigación también se metió en la vida de Romero García y encontró un contraste llamativo. Los informes de Gendarmería Nacional lo describían como un "buen concepto" entre sus vecinos, una persona respetuosa y de "buena familia". Trabajaba en la Municipalidad de Colón desde 2015 y además hacía panificación de forma independiente.
Pero detrás de esa fachada, su situación financiera era crítica. El informe de NOSIS reveló un endeudamiento "irrecuperable" ante el Banco Central, con una deuda total que superaba los 496.000 pesos para julio de 2025. Su principal acreedor era una cadena de electrodomésticos, a la que le debía casi el 80% de ese monto con atrasos de más de seis meses.
En lo personal, Romero García es padre de una niña menor de edad y estaba separado de su pareja. Un detalle del informe socioambiental señala que su propia madre debía ayudar económicamente a su ex y a su hija, lo que refuerza la imagen de precariedad económica que rodeaba al ahora condenado.
Los mensajes que lo incriminaron
El teléfono celular Alcatel de Romero García se convirtió en una pieza clave de la condena. Los mensajes de Messenger y WhatsApp confirmaron que el almacenamiento no era un hecho aislado, sino parte de una red de distribución.
En esos diálogos, el municipal coordinaba entregas, consultaba sobre la calidad de la droga ("¿Lo probaste?") y negociaba precios, llegando a justificar aumentos porque a él también le habían subido el costo de la mercadería.
Pero lo más inquietante son las comunicaciones del 30 de agosto de 2025, apenas días antes del allanamiento. Romero García mostró una creciente preocupación por el paso constante de personal de investigaciones por la puerta de su casa.
En una charla con un contacto identificado como "German German", el imputado relató que el personal de investigaciones "miraban para el lado de casa". Y fue más allá: afirmó que un "jefe de investigaciones" le habría dicho a un tercero que "no vaya a la fiscalía", pidiendo disculpas por el mal comportamiento de otro efectivo.
"Que no vaya, que al pedo iba a ir a la fiscalía", escribió Romero García, aunque luego confesó con desconfianza: "yo no le creo nada igual". En la misma secuencia, mencionó nombres propios, como "Camejo", y dijo tener el teléfono de un oficial apodado "el gordito Larrosa", con quien habría tenido algún roce previo.
Finalmente, el Tribunal ratificó el acuerdo de juicio abreviado, considerando que la prueba era abrumadora y que el reconocimiento del imputado cerraba cualquier duda sobre su autoría en el delito de almacenamiento.