El insólito debate judicial por una víctima con retraso madurativo que podría dejar impune al acusado

Un caso que estremece a Victorica vuelve a poner en jaque al sistema judicial: una mujer con retraso madurativo denunció un abuso sexual y ahora la Justicia debate si el delito prescribió o si su condición la equipara a una menor, lo que haría el caso imprescriptible.

El juez de Control de la Cuarta Circunscripción Judicial de La Pampa, Carlos Espínola, convocó a una audiencia clave para definir el futuro de la causa. Del encuentro participarán el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa del acusado, y se realizará el jueves 27 de agosto a las 10 en la sede judicial de Victorica.

¿Qué pasó con la denuncia?

La víctima, hoy de 45 años, padece un retraso madurativo que le impidió contar lo sucedido hasta mucho después. Según la documentación a la que accedió LA ARENA, la agresión ocurrió en el patio trasero de una vivienda de calle 30 entre 13 y 15, donde un vecino la habría llevado "a la rastra" hasta un baño, la habría tirado al piso y abusado sexualmente.

Recién en 2024, la mujer encontró el espacio para contárselo a su madre, quien radicó la denuncia policial el 18 de marzo de ese año. Sin embargo, el 7 de abril la causa se archivó por una posible prescripción.

La querella logró que el juez Espínola ordenara la reapertura el 11 de julio, y que el acusado declarara el 7 de agosto. Además, se realizó una Cámara Gesell en la que la víctima brindó detalles del ataque. El 18 de febrero de 2025, el magistrado formalizó la imputación por "abuso sexual agravado por acceso carnal en contexto de violencia de género".

El pedido de prescripción que generó polémica

El fiscal Rojo Mateos notificó al juez que el MPF no acusará porque considera que la acción penal está extinguida, citando los artículos 59 inciso 3, 62 inciso 2, 63 y 67 del Código Penal. "La solución solicitada no implica desconocer la gravedad del episodio", aclaró, y remarcó que se tomaron medidas como la reapertura, la Cámara Gesell y pericias especializadas.

"La declaración de prescripción tampoco importa afirmar que el hecho no ocurrió", agregó el fiscal, sino que el Estado ya no está habilitado para juzgar ese episodio.

La férrea oposición de la querella

El abogado Mariano Gastón Gualpa, representante de la querella, pidió rechazar el planteo fiscal y continuar con la causa. Sostiene que aplicar el cómputo tradicional de prescripción a una persona con discapacidad cognitiva es "un acto de discriminación institucional", prohibido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia.

Gualpa argumenta que la inmadurez cognitiva de la víctima la equipara a una menor de edad, y que la Ley 27.206 contempla la suspensión de la prescripción mientras dure la indefensión. "La Fiscalía vulnera el principio de igualdad ante la ley al aplicar un criterio etario rígido", concluyó.