El insólito descuido que delató a un guardiacárcel y provocó su despido fulminante
¿Sabías que un simple descuido puede costarte el trabajo? Los detalles de la investigación que llevó al despido de un guardia penitenciario.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que ordena la expulsión inmediata de un agente transitorio del Servicio Penitenciario Provincial (SPPT). El efectivo está siendo investigado por su presunta participación en el ingreso ilegal de celulares a los reclusos del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.
La medida, oficializada este 22 de mayo mediante el Decreto N° 992/7 (SES) en el Boletín Oficial, alcanza a Luis Alfredo Valenzuela, quien había ingresado al Escalafón Seguridad en julio de 2025.
¿Qué desencadenó la investigación?
Las actuaciones administrativas se originaron tras las requisas sorpresivas realizadas el 20 de abril de 2026 en las Unidades N° 1 y N° 3 del penal. Durante esos operativos se secuestraron teléfonos y otros dispositivos prohibidos. Al revisar los aparatos incautados, se detectó una línea de Personal registrada a nombre de Valenzuela, quien prestaba servicios en la Unidad N° 1.
La situación se agravó cuando un interno con identidad reservada declaró que realizó transferencias de dinero al agente para facilitar el ingreso de los equipos. Además, se sumaron capturas de pantalla de WhatsApp y registros de un perfil de TikTok atribuido al acusado.
La insólita defensa del agente
En su declaración administrativa, Valenzuela negó haber ingresado el teléfono, argumentó que no estaba de guardia el día del procedimiento y afirmó que usaba una línea distinta. Sin embargo, reconoció que solía dejar su billetera y su teléfono sobre las mesas del patio donde concurrían los internos, una conducta por la que ya había recibido llamados de atención de sus superiores.
Para el Gobierno provincial, este obrar negligente pone en serio riesgo la seguridad pública y justifica la pérdida de confianza en el agente.
Fundamentos del decreto
El decreto sostiene que los indicios descubiertos generan un estado de duda inaceptable sobre la conducta funcional del empleado. La tarea penitenciaria exige una conducta intachable, y este escenario configura un quiebre irreparable en el vínculo de confianza calificada entre la institución y sus agentes.
Al ser personal transitorio, el efectivo carece del derecho a la estabilidad, lo que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de disponer su cese inmediato. La resolución dispone la desafectación con reserva de agravamiento, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas según los resultados de la causa penal que iniciará el Servicio Penitenciario en la Justicia.
