El insólito giro que intentan los Karlen para borrar el mayor desmonte ilegal del país

La Fiscalía de Salta pisa el acelerador contra la impunidad: ratificó que no se detendrá ante las maniobras de los empresarios Juan José y Daniel Darío Karlen, acusados del desmonte ilegal más grande del país en Finca Cuchuy, Tartagal. El embargo que buscan eludir alcanza la cifra récord de $21.805 millones, destinados a reparar un daño ambiental que afectó a comunidades wichí y criollas.

La causa, que lleva más de una década, expone una sistemática violación a las leyes de protección de bosques. Los terrenos de la finca tenían el máximo estatus de conservación: Categoría I (Rojo) y II (Amarillo) según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), lo que prohibía tajantemente cualquier tala. Sin embargo, durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, la Provincia emitió decretos de "cambio de zonificación" para habilitar el avance agropecuario, rezonificaciones que luego fueron declaradas ilegales y derogadas por denuncias de organizaciones como Greenpeace.

Un acuerdo incumplido que dejó a los wichí al borde del colapso

En abril de 2013, la Fiscalía de Tartagal abrió una causa penal porque las topadoras seguían arrasando el monte pese a las órdenes de paralización. En octubre de 2015, Juan José Karlen fue condenado por desobediencia a la autoridad. Dos años después, en diciembre de 2018, la Justicia homologó un acuerdo por el cual los hermanos se comprometieron a restaurar más de 11.000 hectáreas destruidas, un plan para frenar el desastre en el Chaco Seco y reparar a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral, además de familias criollas de Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, que quedaron sin el bosque del que dependían.

Pero el compromiso nunca se cumplió. Las imágenes satelitales de los sistemas Sentinel y Landsat, junto con drones, revelaron que los Karlen seguían sembrando y realizando actividades agrícolas ilegales en las zonas restringidas, e incluso hallaron rollos de palo santo protegido.

El embargo que marca un precedente

Al comprobar que les resultaba más barato pagar multas que restaurar el monte, el Procurador García Castiella impulsó una medida sin antecedentes: elevó el embargo preventivo de $171 millones a la suma de $21.805.106.128, calculada técnicamente según el costo real de un plan de restauración que demandaría entre 20 y 30 años. La Justicia calificó la actitud de los imputados como "temeraria y reticente".

La última jugada: intentar anular todo

En las últimas horas, los Karlen presentaron una nueva apelación buscando no solo revertir el embargo, sino anular por completo el proceso judicial, alegando supuestas nuevas normativas provinciales. La Fiscalía desestimó el pedido, invocando el principio de no regresión ambiental consagrado en la legislación nacional e internacional. La decisión final recaerá en la Cámara de Apelaciones provincial. Mientras tanto, la Fiscalía advirtió que, de persistir el incumplimiento, Finca Cuchuy podría ser decomisada y convertida en Reserva Natural Protegida.