El insólito pedido de un narco preso en Piñero que tiene en vilo a la Justicia
¿Puede un narco preso pedir un tratamiento de fertilidad? El caso de Jonatan Riquelme enciende la polémica entre derechos y seguridad.
Un detenido de alto perfil en la Unidad 11 de Piñero quiere ser padre, pero primero necesita que la Justicia provincial le permita una práctica médica que desató una fuerte polémica en Santa Fe. El caso expone un dilema entre derechos individuales y seguridad pública.
Se trata de Jonatan "Jona" Riquelme, hermano del condenado jefe de la célula narco que operaba para Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste. Su defensa presentó un pedido para que se le extraiga una muestra de semen y así continuar un tratamiento de fertilidad que, según aseguran, había comenzado antes de su detención en diciembre de 2024 en Caballito, Buenos Aires.
¿Por qué el caso llegó a la Justicia provincial?
El planteo original se hizo ante la Justicia Federal, pero ese fuero se declaró incompetente y lo derivó a la provincia, ya que Riquelme está condenado en el fuero local y alojado en una unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Ahora, la Justicia provincial le pidió al Servicio Penitenciario un informe sobre si es viable realizar el procedimiento en la cárcel.
¿De qué se trata el tratamiento?
Según fuentes judiciales, el tratamiento es privado y ya fue abonado antes del arresto, por lo que no le costaría nada al Estado. La práctica consiste únicamente en extraer semen para que su pareja, que no está detenida, pueda someterse a una reproducción asistida. La defensa propuso que la extracción se haga en el centro médico de la unidad o, si no es posible, en la clínica donde se realiza el tratamiento.
El silencio del Servicio Penitenciario y un hábeas corpus fallido
El Servicio Penitenciario aún no respondió el requerimiento de la Justicia. Ante la demora, la defensa presentó un hábeas corpus, pero fue rechazado porque no era la vía procesal adecuada. Mientras tanto, el propio Servicio Penitenciario tomó una exposición a Riquelme para dejar constancia de que está de acuerdo con la práctica, aunque el informe técnico sigue pendiente.
La postura del gobierno santafesino
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, ya adelantó que la Provincia se opondrá al pedido. Sostuvo que los recursos estatales deben concentrarse en la seguridad pública y que el traslado de un preso de alto perfil requiere coordinar operativos con distintas fuerzas, lo que implica un costo importante. "Preferiría que las intervenciones judiciales vinculadas a personas detenidas estuvieran orientadas a ese objetivo", afirmó.
Masneri dijo que el Servicio Penitenciario debe expedirse primero, pero adelantó que su postura será contraria. Si la Justicia ordenara algo distinto, la Provincia ejercerá las facultades que le correspondan.
Mientras la Justicia espera el informe, Riquelme sigue detenido en Piñero, y el caso quedó en el centro de un debate que mezcla derechos, seguridad y recursos del Estado.