El inversor que perdió plata con $LIBRA movió ficha y apuntó a los dos hombres clave del caso

La causa por el criptoactivo $LIBRA sumó un capítulo nuevo. Un día hábil después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve acusados, uno de los inversores damnificados presentó una apelación para que se revoque esa decisión y la investigación siga abierta.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, el primer perjudicado que se mueve para mantener viva la pesquisa. Lo hizo en calidad de "pretenso querellante", una figura que le permite recurrir mientras la Cámara de Casación Penal define si lo reincorpora al expediente o lo deja afuera de forma definitiva. En el entorno del caso esperan que otros afectados se presenten en los próximos días.

El escrito tiene 40 carillas y lleva el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Allí se sostiene que el magistrado cometió "contradicciones" y "confusiones" al firmar la resolución, hizo una "valoración fragmentaria" de las pruebas, dejó de lado elementos y armó una "fundamentación aparente".

El eje del planteo: pruebas flojas no es lo mismo que hechos que no son delito

El argumento central de la apelación apunta a una distinción técnica que, según Marchetto, el juez no respetó. Martínez de Giorgi habría confundido la falta de pruebas suficientes con la atipicidad de los hechos, es decir, concluyó que lo investigado no encaja en ninguna figura penal cuando, como máximo, debió decir que los elementos reunidos hasta el momento no alcanzaban para acreditar una hipótesis delictiva.

El recurso también carga contra el fiscal Eduardo Taiano. Le atribuye haber ocultado información, demorado la tramitación de prueba, omitido citar testigos, evitado pedir indagatorias y reclamado el sobreseimiento de los once acusados cuando todavía quedaban diligencias pendientes que él mismo había ordenado.

"Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", plantea el escrito.

Entre esas medidas sin terminar, Marchetto menciona la ampliación de las pericias telefónicas que la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) debía hacer sobre los teléfonos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados como los "cueveros" que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.

Además, cuestiona que Taiano nunca haya llamado a declarar a testigos que podían aportar datos para reconstruir lo ocurrido: Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera letrada de Davis en la Argentina. Y remarca que ninguno de los once sobreseídos fue citado a prestar declaración indagatoria, algo que, a su entender, debía evaluarse junto con las diligencias en curso.

Las llamadas y las billeteras de los minutos previos

Uno de los tramos más relevantes del recurso se mete de lleno en el rol del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del activo, ocurrido el viernes 14 de febrero de 2025. El foco está en la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, en los minutos anteriores al mensaje presidencial que difundió $LIBRA.

Según los registros telefónicos que cita la apelación, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, a las 18:54:38 y a las 18:58:02, y recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X del Presidente a las 19:01:22.

A esa secuencia, Marchetto le suma el movimiento de dinero registrado justo antes de que el público conociera el activo. De acuerdo con la reconstrucción de transacciones que incluye el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras concretaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.

"Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo", destaca el damnificado.

Para el inversor, esos elementos importan porque obligan a esclarecer si hubo coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones hechas antes de la difusión pública y la intervención del Presidente. La apelación sostiene que todo eso se evaluó de manera fragmentaria, sin agotar las medidas necesarias para establecer qué relación pudo existir entre cada pieza.

El recurso también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron la liquidez que aportaron los compradores. Marchetto reclama que no se haya profundizado en quiénes recibieron ese dinero, qué información tenían cuando operaron, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una porción importante terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la pesquisa.

La pelea por el informe de la DATIP

Otro de los capítulos centrales de la apelación es el tratamiento que recibió el informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Martínez de Giorgi aludió a irregularidades que se investigan en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.

Marchetto rechaza ese razonamiento. Afirma que el sumario no acreditó que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista ni con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. Y señala que la fiscalía de Taiano recibió el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de que los documentos cuestionados se publicaran en la prensa.

Por eso deja picando una pregunta: por qué el contenido del informe no se comunicó en su momento al juzgado y a las partes. "Sigue resultando cuanto menos curioso" conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostiene en su presentación.

El derecho a recurrir, una carrera contra el reloj

La apelación tiene además una dimensión procesal que puede definir su suerte. Marchetto fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado, decisión que confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión todavía está bajo revisión de la Casación, donde presentó una queja que aguarda resolución.

El inversor advierte un riesgo concreto: si los sobreseimientos quedan firmes antes de que la Casación resuelva su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica. Dicho de otro modo, podría volver a un expediente cuya investigación ya estaría cerrada para siempre.

Para sostener su derecho a recurrir cita el plenario "Zichy Thyssen", de 2006, que fijó como doctrina plenaria que el pretenso querellante está legitimado para interponer recursos de competencia de la Casación. También invoca los derechos de las víctimas reconocidos por ley: acceso a la justicia, información, participación y tutela judicial efectiva.