El oficialismo nacional ya tendría los siete votos para imponer el proyecto que le da al SENASA un rol central en los controles yerbateros. La clave vuelve a estar en dos apoyos que ya generaron polémica.
El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volverá a reunirse el próximo martes 3 de noviembre y en la orden del día asoma un tema que ya generó fuerte resistencia: el proyecto de reordenamiento normativo que le daría al SENASA un rol central en la fiscalización de la cadena yerbatera. La conducción del organismo confía en reunir los votos necesarios para aprobarlo, según pudo saber Primera Edición.
La iniciativa fue presentada el 15 de septiembre durante una reunión extraordinaria del Directorio, cuando funcionarios nacionales de las áreas de Desregulación y Agricultura propusieron modificar los mecanismos de control y avanzar hacia un esquema de mayor articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El texto, al que accedió este medio, contempla la derogación de 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023, la revisión de programas de asistencia, cambios en los mecanismos de control y una ampliación de las facultades operativas de la Presidencia del Instituto.
Qué establece el proyecto
Uno de los puntos centrales es que el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), que administra el SENASA, pase a ocupar un lugar protagónico en el seguimiento de los movimientos de materia prima.
Si bien el proyecto sostiene que el INYM conservaría competencias de registración, inspección y sanción, los sectores productivos advierten que la modificación debilitaría los sistemas propios de fiscalización construidos durante más de dos décadas.
También se plantea revisar programas de capacitación, investigación, asistencia técnica y otros beneficios, con la posibilidad de modificarlos, suspenderlos o eliminarlos cuando no se ajusten al nuevo esquema.
La propuesta encontró resistencia en la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control, donde se recomendó seguir estudiando las modificaciones antes de avanzar con su aprobación.
El Gobierno de Misiones también manifestó sus reparos. En septiembre, su entonces representante ante el organismo, Ricardo Maciel, advirtió que retirarle al Instituto sus mecanismos de fiscalización significaría afectar una de las principales razones de su creación.
La cuenta que preocupa: siete contra cinco
Según pudo saber Primera Edición, existe preocupación entre los sectores que se oponen a la propuesta porque el oficialismo nacional podría reunir una mayoría de siete votos contra cinco, la misma correlación de fuerzas que le permitió aprobar recientemente designaciones cuestionadas dentro del Instituto.
La clave estaría nuevamente en el posicionamiento de la representante de la Producción, Marisol Fracalossi, y del sector de los trabajadores rurales, a través de UATRE.
“Si UATRE y Fracalossi siguen apoyando a Nación, sí. Nos ganan siete a cinco”, advirtió una fuente vinculada a las discusiones internas, al ser consultada sobre las posibilidades de que prospere la iniciativa.
Por el momento, no está confirmado que el proyecto vaya a someterse a votación durante la reunión. Sin embargo, la posibilidad de que vuelva a tratarse genera inquietud porque se produce cuando el INYM ya inició el proceso para renovar buena parte de su Directorio.
La reunión también podría contar con la presencia de funcionarios nacionales. Como anticipó días atrás el director por la Producción Roberto Ferreyra, para el 3 de noviembre se esperaba el regreso de representantes del Gobierno central que participaron en la presentación de los cambios institucionales.
El antecedente de los siete votos
La preocupación por una eventual aprobación del proyecto tiene un antecedente inmediato. El pasado 9 de octubre, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, consiguió reunir siete voluntades para designar a Rosana Biale como gerenta general y a Sebastián Pratto al frente de Auditoría Interna, después de varios intentos frustrados.
Aquella mayoría estuvo integrada por los representantes de Nación, Corrientes, Industria, Secaderos, UATRE y Marisol Fracalossi, quien ocupa una de las bancas correspondientes a los productores.
La votación provocó cuestionamientos de organizaciones yerbateras, que habían reclamado a Fracalossi que respetara la posición mayoritaria del sector al que representa.
Desde UATRE, en tanto, habían explicado que su acompañamiento a los nombramientos respondió a una instrucción de la conducción sindical.
Renovación del Directorio: el otro frente de tensión
La eventual decisión se produciría además en un momento particularmente sensible para la conducción del Instituto, porque está en marcha la renovación de nueve de sus doce integrantes.
El proceso involucra las representaciones de productores, cooperativas, industrias, secaderos y trabajadores rurales, cuyos mandatos tienen una duración de dos años.
El pasado viernes, mediante la Resolución 131/2026, el INYM prorrogó hasta el 11 de diciembre el plazo para que las entidades se inscriban o actualicen su documentación y puedan participar en la selección de los futuros representantes.
Entre las bancas que deberán renovarse se encuentra la que actualmente ocupa Marisol Fracalossi, cuya continuidad está cuestionada por varias organizaciones de productores.
La dirigente ya había recibido pedidos públicos para que renunciara a su cargo después de acompañar decisiones de la conducción nacional que, según las entidades, contrariaban la posición transmitida por el sector productivo.
