El IPDUV lanzó una moratoria para casi la mitad de los chaqueños que le deben la casa

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) puso en marcha una moratoria para que las familias que arrastran deudas con el organismo puedan regularizar su situación y, así, acceder al título de propiedad de sus viviendas. El presidente del instituto, Fernando Berecoechea, aseguró que la medida está teniendo “muy buena respuesta”, aunque reconoció que la morosidad todavía ronda el 50%.

En diálogo con CIUDAD TV, el funcionario explicó que el objetivo de la moratoria no pasa solo por mejorar la recaudación, sino también por destrabar situaciones dominiales que en algunos barrios llevan décadas sin resolverse.

“Nosotros necesitamos que esa cuota se pague porque, en definitiva, es el recurso con el cual seguimos trabajando”, planteó Berecoechea. Y remarcó que la regularización de la deuda es la puerta de entrada al título: “Para poder acceder al título de propiedad, por supuesto que tienen que estar al día con el organismo”.

Deudas que se analizan caso por caso

El titular del IPDUV contó que el instituto evalúa la situación económica de cada familia y, en función de esa capacidad de pago, ofrece alternativas de refinanciación, condonación o subsidio de la deuda.

“Discutimos y conversamos respecto a su situación económica familiar y encontramos siempre una salida”, afirmó. En esa misma línea, sostuvo que la intención “no es solamente recaudatoria, sino también regularizar y poner blanco sobre negro sobre muchas situaciones que no se habían resuelto en la provincia”.

El acceso al título de propiedad es, según Berecoechea, uno de los ejes centrales de la gestión. Ya se entregaron cerca de 7.000 títulos y la meta se elevó a casi 10.000 para los cuatro años de mandato. “Para poder heredar esa vivienda a los hijos es indefectible, es absolutamente necesario tener el título de propiedad”, subrayó.

Chaco necesita unas 67.500 viviendas

Durante la entrevista, el funcionario también trazó un panorama habitacional de la provincia. Según detalló, alrededor del 59% del stock de viviendas chaqueñas presenta algún tipo de déficit, aunque aclaró que ese porcentaje no equivale a viviendas faltantes: el indicador contempla unidades que necesitan ampliaciones, refacciones o acceso a servicios básicos.

En términos de construcción nueva, estimó que en Chaco se necesitan alrededor de 67.500 viviendas para familias que no acceden a una unidad adecuada o que viven en construcciones consideradas irrecuperables. A nivel nacional, el déficit habitacional alcanza aproximadamente al 40,3% de las viviendas, con cerca de seis millones de unidades afectadas.

El propio Berecoechea indicó que poco más del 41% de las viviendas chaqueñas comprendidas en el indicador podrían recuperarse mediante ampliaciones, refacciones o la incorporación de servicios básicos.

Casi 900 viviendas en ejecución

El presidente del IPDUV aseguró que hay obras en marcha en casi 25 localidades chaqueñas, con distintas modalidades: recuperación de obras paralizadas, construcción a través de empresas y proyectos articulados con municipios, donde la Provincia aporta los materiales y los gobiernos locales la mano de obra.

“Realmente casi 900 viviendas” están en ejecución en toda la provincia, afirmó. Una de las prioridades, dijo, fue recuperar proyectos que habían quedado frenados. En Resistencia mencionó la Chacra 137, en la zona de avenida Hernández al fondo, donde había cerca de 250 casas terminadas sin servicios básicos como agua, energía eléctrica ni calles abiertas.

También se refirió a viviendas recuperadas y entregadas en Carpincho Macho y a las obras de la Chacra 214, donde ya se entregaron casi 70 unidades y hay otras 22 en ejecución. A eso se suman 25 viviendas en la Chacra 138. Según el funcionario, una vez cerrada esta etapa de recuperación, el organismo podrá concentrarse con más fuerza en nuevos proyectos.

Controles y recupero de casas abandonadas

Otro de los mecanismos que explicó Berecoechea es el control posterior a la entrega. En los barrios adjudicados durante la actual gestión se hacen verificaciones a los 60 días para comprobar que las familias efectivamente ocuparon las unidades. Si se detecta una vivienda abandonada, se activa un protocolo de recupero que tiene una duración administrativa de aproximadamente 90 días.

Las actuaciones también pueden iniciarse por denuncias de vecinos sobre presuntos alquileres, ventas o cesiones de viviendas sociales. El funcionario recordó que las casas del Instituto no pueden ser prestadas, vendidas, alquiladas ni cedidas mientras no estén canceladas y escrituradas.

Ante una denuncia, el IPDUV primero revisa la situación dominial y financiera del inmueble. Si la vivienda no fue cancelada ni escriturada, arranca el procedimiento de recupero y se le garantiza al adjudicatario original la posibilidad de hacer su descargo. Después interviene la Gerencia Legal antes de definir si corresponde avanzar. Berecoechea admitió que algunas de esas decisiones terminan judicializadas por acciones de amparo, lo que puede estirar los plazos.

Un padrón con 170.000 familias

Por último, el titular del IPDUV insistió en la importancia de mantener actualizada la inscripción en el organismo. El padrón histórico reúne alrededor de 170.000 familias y abarca desde 1978 hasta la actualidad.

La actualización se hace de manera digital a través de la aplicación del Instituto de Viviendas, disponible en Tu Gobierno Digital. Con el número de adjudicatario o el DNI, las familias pueden consultar su información y ponerla al día. Berecoechea recomendó hacer ese trámite al menos una vez al año, incluso si no cambiaron las condiciones familiares o económicas.

“Necesitamos saber que esa demanda siga existiendo”, explicó, y señaló que la actualización también le permite al organismo identificar qué familias todavía necesitan acceder a una vivienda.