El IPLA en la mira: ¿la Provincia acatará o apelará el fallo que pone fin a su intervención?

El futuro del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) quedó en manos de la Fiscalía de Estado. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ejecutivo tucumano finalizar en 60 días la intervención del organismo, pero el fallo aún no está firme y el Gobierno estudia apelarlo.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, confirmó que la sentencia puede ser recurrida y que el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días para presentar la apelación. “La Provincia está evaluando los pasos a tomar porque es un fallo que no está firme; es pasible de ser apelado”, sostuvo la funcionaria.

¿Qué dice el interventor?

Dante Loza, actual interventor del IPLA, salió a llevar tranquilidad y aseguró que la medida judicial no modifica las funciones del organismo ni sus competencias de control. Según su lectura, el cambio apunta exclusivamente a la estructura institucional, no a las atribuciones legales.

“El fallo mantiene al IPLA todas las funciones, las misiones y quienes están comprendidos en el expendio y venta de alcohol tienen que cumplir la ley”, expresó Loza, quien además fue tajante ante posibles especulaciones: “Que no se engañen. El fallo no ha salido para nada sacando funciones ni misiones”.

Los bares, restaurantes y comercios que venden bebidas alcohólicas siguen obligados a respetar la normativa vigente, remarcó el funcionario, despejando dudas sobre una supuesta flexibilización de los controles.

La palabra del gobernador

Osvaldo Jaldo, por su parte, se mostró respetuoso de la decisión judicial y de la división de poderes, pero adelantó que el Ejecutivo actuará conforme al consejo jurídico que emita la Fiscalía de Estado. La pelota está en el tejado de los abogados del Gobierno.

El origen del conflicto

La sentencia surge de una acción de amparo presentada en marzo de 2024 por dueños de salones de fiestas y locales de entretenimiento. Los demandantes pidieron que se declare inconstitucional la Ley 7.243, que creó el IPLA; que se cese la intervención; que se anulen las resoluciones de los interventores; y que se devuelvan los montos pagados por cánones, multas y clausuras.

El tribunal, sin embargo, rechazó la mayoría de esos planteos y solo hizo lugar parcialmente a la demanda. El eje de la discusión pasó por otro lado: la intervención, vigente desde el 13 de julio de 2000, cuando gobernaba Julio Miranda, se extendió por más de dos décadas. Los camaristas entendieron que una medida excepcional y transitoria, prorrogada por el Decreto N.º 1294/21 MAS, terminó alterando el esquema de conducción que establece la ley para el organismo.

La decisión final sobre acatar o apelar podría conocerse en los próximos días, mientras los sectores involucrados esperan definiciones que impactarán en el control del alcohol en Tucumán.