El IPROSS, bajo fuego: el sindicato que denuncia una "libre elección" que el Estado no paga

La UPCN volvió a apuntar contra la desregulación del IPROSS que impulsa el Gobierno de Río Negro y denunció que la ley enviada a la Legislatura esconde el "vaciamiento" de la obra social. La organización que conduce Juan Carlos Scalesi también cuestionó el manejo del Fondo de Alta Complejidad y la negativa oficial a habilitar la comisión parlamentaria de seguimiento.

El sindicato no ahorró ironía: «Maravillosa iniciativa», lanzó. Y siguió: «El Gobierno provincial dice garantizar la 'libre elección' de la obra social, siempre y cuando esa libertad no le exija cumplir con su obligación ineludible de derivar el aporte del 7%. Una 'libre elección' mentirosa donde el único que elige no pagar es el propio Estado».

Para UPCN, la maniobra oficial esconde algo más profundo. «Como si esta clase magistral de democracia no fuera suficiente, el oficialismo maneja un nivel de transparencia literalmente invisible. Antes de tomar medidas autoritarias para impulsar reformas estructurales que pongan en riesgo la salud de la familia trabajadora, el Poder Ejecutivo debe explicar cómo administra el Instituto», exhortó.

El Fondo de Alta Complejidad, una caja multimillonaria sin rendición de cuentas

El gremio puso la lupa sobre uno de los puntos más sensibles: «Es inaceptable que pretendan cambiar las reglas de juego mientras mantienen en las sombras el manejo del Fondo de Alta Complejidad. Este fondo, creado por el artículo 30 de la Ley Orgánica del IPROSS, es una caja multimillonaria que se nutre de aportes directos de la Lotería de Río Negro, asignaciones extraordinarias y salvatajes constantes del Estado Provincial. Sin embargo, la administración contable y financiera de esos recursos es un misterio», denunció en un comunicado.

Desde la UPCN se preguntaron: «¿Por qué el oficialismo se niega a conformar la Comisión Especial de Seguimiento del IPROSS en la Legislatura? Desde el año 2011 'se olvidaron' de poner en funciones al órgano institucional que por ley debe auditar, monitorear y autorizar los aportes extraordinarios a este fondo».

Intendentes y aportes: la otra pregunta sin respuesta

El sindicato también apuntó contra la falta de consulta a otros actores del sistema: «Además, ¿a quién más se consultó para avanzar con este manotazo? ¿fueron consultados los intendentes que también derivan los aportes de sus empleados?», cuestionó.

Para cerrar, la organización dejó un desafío directo al Gobierno provincial: «El Gobierno pretende imponer un discurso de libertad democrática mientras tapa los números de una gestión opaca. Primero abran los números, después hablemos de 'libertad'».