El IPROSS, en la cuerda floja: la pregunta que nadie pudo responder en la Legislatura

El proyecto que modifica el régimen de afiliación al IPROSS superó su paso por la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro, donde fue aprobado por mayoría tras un extenso debate que dejó al descubierto diferencias entre el oficialismo, sectores de la oposición y representantes de los trabajadores.

La iniciativa 1137/2026, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica la Ley K 2753 para reemplazar la afiliación obligatoria por un sistema voluntario u optativo. Alcanza a los afiliados actuales, a los futuros y también a jubilados y pensionados.

La reunión permitió escuchar a autoridades del Instituto, gremios y legisladores, y dejó abiertos numerosos interrogantes: el impacto económico de la medida, el destino de los aportes, los plazos para abandonar y regresar al IPROSS y la situación particular de los jubilados.

Pero hubo una pregunta que atravesó buena parte del encuentro: ¿por qué modificar ahora el sistema y por qué hacerlo con tanta rapidez?

Los gremios, en pie de guerra

Una de las exposiciones más críticas fue la de la titular de UNTER, Laura Ortiz, quien habló en representación de distintos sectores que habían mantenido previamente un encuentro para fijar posición en defensa de la obra social.

Ortiz cuestionó que los trabajadores no hayan podido mantener un diálogo previo suficiente con las autoridades y rechazó el enfoque de la reforma. Los representantes sindicales plantearon que el problema central no debería ser cómo abandonar el IPROSS, sino cómo recuperarlo y fortalecerlo, mejorar sus prestaciones y garantizar respuestas a los trabajadores, jubilados y sus familias.

También aparecieron cuestionamientos por las demoras, los costos que afrontan los afiliados y la relación del Instituto con los prestadores. Las críticas gremiales ya habían comenzado antes de la reunión legislativa: distintas organizaciones expresaron reparos sobre el financiamiento futuro del sistema y reclamaron mayor participación antes de modificar el régimen vigente.

Un fondo para evitar el desfinanciamiento

El legislador Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) se mostró favorable al derecho de elección, aunque advirtió que esa posibilidad debe venir acompañada de herramientas que impidan una eventual pérdida de sustentabilidad financiera.

Planteó que los trabajadores jóvenes, sanos o con mejores salarios podrían migrar hacia otra cobertura, mientras permanecerían en el Instituto quienes necesitan tratamientos más costosos. Por eso propuso estudiar la creación de un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas para cubrir eventuales caídas de ingresos, e incluso sugirió que, si esos recursos fueran insuficientes, exista una garantía del Tesoro provincial.

“Yo no veo nada de solidario”

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) preguntó por la deuda del IPROSS con los hospitales públicos y quiso saber qué garantías tendrá un afiliado enfermo de ser aceptado por otra obra social si decide abandonar el sistema provincial. También reclamó precisiones sobre el destino del 7% destinado a prestaciones especiales.

“Yo no veo nada de solidario”, afirmó, y advirtió que el resultado podría ser una mayor presión sobre el sistema público de salud. Durante su intervención se produjo un cruce cuando cuestionó actitudes de funcionarios y legisladores mientras hablaban representantes de los trabajadores.

“¿Por qué el apuro?”, la pregunta que resonó

Una de las intervenciones más duras fue la de Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien cuestionó tanto el contenido como el procedimiento para avanzar con la reforma. “¿Por qué el apuro?”, preguntó.

Odarda reclamó que se escuche a trabajadores, jubilados y sindicatos, y cuestionó que no haya funcionado la Comisión de Seguimiento del IPROSS. También objetó que la iniciativa avance en única vuelta, porque consideró que así se restringen las posibilidades de participación ciudadana.

Defendió el carácter solidario del Instituto y sostuvo que la discusión debería concentrarse en la transparencia, los ingresos, los aportes, la redistribución de los recursos y las razones por las cuales se deterioraron las prestaciones. Para Odarda, antes que facilitar la salida de afiliados, deberían discutirse medidas para fortalecer el IPROSS.

Los tres escenarios de una posible “fuga”

La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, explicó que el organismo trabajó sobre tres escenarios posibles de migración: 1%, 10% y 15% de los afiliados titulares.

Tomando como referencia 102.381 titulares, una salida del 1% representaría aproximadamente 1.023 afiliados y una pérdida mensual de alrededor de 230 millones de pesos, compuesta por unos 110 millones en aportes y 120 millones en contribuciones.

El proyecto establece que la contribución patronal del 7% permanecerá dentro del IPROSS con afectación específica: 3% para planes oncológicos y especiales, 2% para discapacidad, prestaciones especiales y prótesis, y 2% para farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas. El texto oficial dispone que la contribución patronal continúe íntegramente en el Instituto aunque el trabajador elija otra cobertura. Porro remarcó que ese dinero no irá a Rentas Generales, sino que seguirá afectado a esos programas.

La defensa del oficialismo

El presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), realizó la defensa política más amplia del proyecto. Sostuvo que la reforma responde a una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck, quien —según explicó— recogió planteos de afiliados que quieren tener la posibilidad de buscar otra cobertura.

López rechazó que el propósito sea desfinanciar el Instituto y enumeró tres objetivos centrales. El primero: que ningún trabajador se sienta “cautivo” de una obra social que, a su entender, no le brinda la respuesta que espera. El segundo: generar competencia para el propio IPROSS. “No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos”, sostuvo, aunque afirmó que la posibilidad de perder afiliados obligará al organismo a mejorar permanentemente sus prestaciones.

El tercer objetivo apuntó contra los prestadores: según dijo, hay profesionales que, al saber que los afiliados del IPROSS no pueden cambiar de cobertura, terminan relegándolos frente a pacientes de otras obras sociales. Esto se observa especialmente en Viedma por la alta proporción de empleados públicos.

López también respondió a los cuestionamientos sobre la representación de los trabajadores en la conducción del organismo. Recordó que la Junta de Administración está integrada por un presidente y siete vocales, cuatro de ellos representantes de los afiliados, y sostuvo que los representantes gremiales no son elegidos por el Gobierno sino por las propias organizaciones.

Qué queda abierto

La Comisión de Asuntos Sociales aprobó por mayoría el proyecto, que continuará su trámite legislativo. La discusión dejó varios aspectos abiertos: los plazos de regreso, la situación de los jubilados, los convenios con otras entidades, la eventual compatibilidad con acuerdos previsionales y algunos puntos de la redacción que las autoridades aceptaron revisar.

Quedaron expuestas dos miradas claramente diferenciadas. Los gremios y parte de la oposición plantearon que, antes de habilitar la salida de trabajadores, deberían resolverse las dificultades del IPROSS, mejorar sus prestaciones y garantizar que la apertura no debilite su carácter solidario. El oficialismo respondió que la posibilidad de elegir es, precisamente, la herramienta para producir esa mejora.

Ese será uno de los principales ejes de la discusión cuando la reforma llegue al recinto de la Legislatura, el próximo jueves.