El jacuzzi de 300 litros que instaló arriba terminó costándole casi $4,8 millones

Un vecino de La Matanza vivió durante un año con el techo a punto de caerse por culpa del departamento de arriba. La Justicia le dio la razón y ahora el propietario del piso superior deberá pagarle casi $4,8 millones por los destrozos que provocó una obra hecha sin permiso.

El origen de todo fue una reforma: el dueño de la unidad superior unió el baño con el toilette para colocar un jacuzzi de 300 litros y, en el camino, tocó las cañerías del inmueble. Nunca consultó al consorcio.

Cómo empezó el calvario

Las filtraciones arrancaron en febrero de 2018. Desde el primer piso, el agua bajaba sin pausa desde la unidad de arriba y, a lo largo de doce meses, fue dejando manchas de humedad, hongos, revoque desprendido y malos olores en el living comedor, la cocina, los baños y el pasillo distribuidor.

El afectado aguantó hasta 2022, cuando presentó una demanda para reclamar por los daños materiales, el perjuicio moral y los gastos médicos. El escrito apuntó directamente contra el dueño del departamento de arriba.

Qué dijeron los peritos y los testigos

La causa recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de La Matanza. Para sostener su reclamo, el damnificado sumó informes técnicos, fotografías y testimonios que probaron que el agua venía del piso superior y que había deteriorado su vivienda.

El consorcio también se metió en la disputa: advirtió que las reformas habían alterado la distribución original del edificio y las cañerías de agua y cloaca, y contó que tuvo que contratar trabajos por su cuenta para frenar las filtraciones ante la falta de respuesta del propietario.

Durante el juicio declararon una exvecina, el encargado del edificio y la administradora. El encargado contó que la gravedad de la situación obligó a cortar el suministro de agua y electricidad del edificio. La administradora, en tanto, explicó que las filtraciones siguieron durante varios meses y que el consorcio debió intervenir para reparar el origen del problema.

Los informes de una arquitecta y un ingeniero coincidieron en que los daños nacían en la vivienda superior, y las fotos del expediente mostraron el estado de techos, paredes y distintos sectores del departamento perjudicado.

El número que definió la sentencia

La pericia de ingeniería fue clave: calculó que reparar todo costaba $4.377.168,21 entre materiales y mano de obra especializada. El juez tomó ese informe como prueba técnica objetiva y remarcó que la parte demandada no lo cuestionó durante la audiencia.

A eso se sumaron $400.000 por daño moral, al considerar que el deterioro prolongado de la vivienda superó las molestias normales de la convivencia entre vecinos y merecía una compensación.

El monto principal de la indemnización quedó en $4.777.168,21, sin contar los intereses que se acumularán hasta el pago efectivo.

El fallo concluyó que el propietario debe responder por los daños derivados de las modificaciones en su inmueble y que no se acreditó ninguna circunstancia que lo exima de responsabilidad.