El jefe de la concesionaria tucumana que no registraba los pagos: la Justicia reveló cómo operaba la red

La causa que investiga el desfalco en la concesionaria Fürth Automotores sumó un capítulo decisivo: el fiscal Diego Cortés imputó a Gerardo Caro, de 33 años y ex gerente general de la firma, como jefe de una asociación ilícita que habría operado durante meses contra el patrimonio de clientes y de la propia empresa.

La acusación fue comunicada durante la ampliación de las declaraciones indagatorias. Según el fiscal, Caro habría ejercido el rol de organizador, mientras que Matías Llado y la ex cajera Graciela Moyano habrían actuado como miembros de la estructura investigada.

El rol de la ex cajera

Para la Fiscalía, Moyano integró la organización al menos desde diciembre de 2024. La imputación sostiene que la mujer habría tenido un papel clave desde el sector de cajas: recibía dinero en efectivo, dólares y cheques, intervenía en el conteo y la custodia de esos fondos, omitía en varios casos la emisión de comprobantes oficiales o la registración correcta de los pagos, y permitía que ese dinero luego fuera utilizado por terceros, en coordinación con Llado.

El mecanismo, según la acusación, se apoyaba en los sectores de ventas y cajas, los sistemas internos de registración y la documentación comercial para dar apariencia de legalidad a operaciones que no quedaban correctamente asentadas.

Los fiscales sostienen que las pruebas incorporadas permiten afirmar de manera provisoria que Moyano participó del mecanismo defraudatorio, mientras Llado captaba clientes, concretaba operaciones y administraba fondos, y Caro intervenía en la autorización de operaciones y en la utilización de mecanismos excepcionales dentro de la concesionaria.

Qué habría hecho el ex gerente

A Caro se le atribuye haber aprovechado su cargo como apoderado y gerente general para intervenir en operaciones comerciales, decidir el destino de fondos, autorizar entregas de vehículos y permitir mecanismos irregulares para concretar ventas. Según la investigación, clientes que pagaron vehículos en efectivo, por transferencia, con cheques o dólares vieron cómo esos pagos no eran imputados a sus operaciones, sino reasignados a otras preventas.

Entre las pruebas figura el testimonio de un empleado que aseguró haber entregado personalmente 18.000 dólares a Caro, dinero que luego habría sido registrado en otras operaciones. Así, quienes ya habían cumplido con sus pagos seguían figurando como deudores.

La acusación también señala que las diferencias económicas derivadas de estas maniobras se canalizaban mediante operaciones en casas de cambio. Testigos sostuvieron que Caro autorizaba las operaciones en dólares, fijaba la cotización y ordenaba el envío de esos fondos a casas de cambio a través de personal dispuesto por Llado. La Fiscalía incorporó extractos bancarios de la empresa que reflejarían movimientos financieros relevantes y transferencias realizadas desde cuentas personales de Caro por cinco y diez millones de pesos durante este año.

La investigación también detectó 144 entregas presuntamente irregulares de vehículos cero kilómetro, pagos que nunca fueron incorporados al sistema y la utilización de patentes provisorias para clientes que aparecían con deudas pese a haber efectuado los desembolsos correspondientes.

En el caso de Moyano, algunos testigos afirmaron que recibió pagos de hasta 60 millones de pesos y habría entregado comprobantes apócrifos. El levantamiento del secreto bancario permitió avanzar sobre el patrimonio de los tres detenidos, mientras la Justicia analiza movimientos financieros y otros bienes vinculados a la causa.

El descargo y los pedidos de la defensa

Durante su declaración, Caro rechazó la nueva imputación. Negó haber integrado una asociación ilícita o cualquier organización destinada a delinquir y sostuvo que nunca intervino en las maniobras atribuidas por la Fiscalía. Además, cuestionó los testimonios de empleados incorporados a la causa al afirmar que habrían sido influenciados por las actuales autoridades de la empresa y aseguró que las nuevas evidencias no alcanzan para acreditar los delitos que se le atribuyen.

Por su parte, la defensa de Moyano solicitó nuevas medidas probatorias para ampliar el alcance de la investigación. Los abogados reclamaron que declaren propietarios, socios, directivos y responsables jerárquicos de la concesionaria, además de reconstruir la estructura societaria, administrativa, financiera y contable de la empresa. También pidieron profundizar la situación procesal de otros integrantes de la firma y remarcaron que, en las primeras etapas del expediente, la ex cajera nunca había sido señalada como integrante de una asociación ilícita.