El jefe de los boqueteros planeaba otro golpe para Navidad: una charla lo delató
El túnel de San Isidro había fracasado y la banda ya tenía nuevo objetivo: la sucursal del Banco Macro en Chivilcoy, a plena Nochebuena. Pero una publicación en un diario local hizo saltar todo por aire y el jefe, desde su celda, culpó a un "boludo" que habló de más. Lo que revelaron las escuchas.
Eduardo Ripa, señalado como el cerebro detrás del túnel de 155 metros que iba a dar a la bóveda del Banco Macro de San Isidro, no se quedó quieto tras el fracaso. Desde la cárcel y antes de caer, siguió pergeñando un segundo asalto, esta vez en Chivilcoy, que iba a ejecutarse en plena Nochebuena. Una serie de escuchas telefónicas terminó de hundirlo.
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió la detención de Ripa y de otros tres sospechosos. La medida la ordenó el juez de Garantías Ricardo Costa y la ejecutó personal del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA).
Ripa, un empresario de 60 años, fue apresado junto a su hijo Christian, de 31, y al uruguayo Alejandro Quiroga de los Santos, de 56. Los tres se negaron a declarar cuando el fiscal los indagó, según informaron fuentes judiciales. Por el italiano Giampaolo Fadda, cuarto implicado, todavía hay orden de captura.
El túnel que no llegó a destino
El primer plan se desmoronó el 6 de agosto de 2024. La banda llevaba nueve meses cavando el túnel y estaba a punto de alcanzar la bóveda del banco cuando una varilla asomó a la superficie. Un empleado de un local gastronómico lindero la vio y dio aviso. El proyecto quedó al descubierto y los delincuentes huyeron.
La investigación de Ferrari y su colega Carolina Asprella, con apoyo de la Policía Bonaerense, permitió detener a la “mano de obra”. Tres de los implicados aceptaron un juicio abreviado y el juez Maximiliano Savarino, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, los condenó a penas de hasta tres años y cuatro meses de prisión: Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero y Carlos Andrés Cazenave Peña.
Otros dos sospechosos, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, esperan un juicio oral que quedó a cargo del TOC N°7 de San Isidro, el mismo tribunal que el 22 de diciembre próximo dará a conocer el veredicto por la muerte de Diego Maradona.
La denuncia anónima que abrió el camino
La punta del ovillo fue una denuncia anónima que llegó a la fiscalía. Allí se identificaba a Eduardo y Christian Ripa como los jefes de la organización y se los vinculaba directamente con la planificación del asalto al banco de San Isidro. También se mencionaba a Roberto Sudamer Pesca, a Quiroga y a un policía apodado Seba. Además, se hacía referencia a un ciudadano italiano conocido como El Tano, encargado de alquilar los inmuebles que usaba la banda, y se aportaban datos sobre domicilios, oficinas y líneas telefónicas.
“La denuncia anónima presentaba un alto grado de verosimilitud y veracidad”, sostuvo Ferrari en el dictamen. Sudamer Pesca, preso en la cárcel de Sierra Chica, habría sido quien manipuló la varilla que arruinó el plan, según las fuentes consultadas.
El plan para Chivilcoy y la charla con D’Alessio
Pero los investigadores no se detuvieron en el túnel de San Isidro. Reunieron pruebas de que Ripa y sus cómplices proyectaban robar la sucursal del Banco Macro de Chivilcoy durante la Nochebuena pasada o, a más tardar, en Año Nuevo.
La prueba clave fue una escucha entre Ripa y Luis González López, un sospechoso que está preso en la cárcel de Ezeiza. A pedido de Ferrari, días atrás se allanó su celda. En esa conversación, Ripa dejó entrever sus intenciones: “Hablar por el tema ese grande, si lo podemos sacar adelante. Ojalá sea para las fiestas. Las fiestas es fundamental. La gente va a estar de visita, para entrar [a la ciudad] gente rara”.
El plan no prosperó. El 22 de diciembre pasado, el diario La Razón de Chivilcoy publicó una nota titulada “Un dato anónimo alertó de un robo al Banco Macro previsto para la noche del 24”, en la que se vinculaba a la banda con el frustrado golpe de San Isidro.
Ripa habló de ese fracaso en otra conversación interceptada. Esta vez con Marcelo D’Alessio, el falso abogado condenado a 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos.
“¿Qué es lo que vos sentís que está fallando? ¿Mano de obra, mala? ¿No hay buena mano de obra? ¿No hay gente confiable?”, le preguntó D’Alessio.
Ripa respondió: “Es como decís, tal cual. Estás haciendo realmente un planteo bárbaro. Yo también lo hago. De repente después de lo que me pasó allá me había tomado, digamos, una pausa prudente para repensar, para volver, para cambiar la forma, la regla, la estructura, para ver qué se soltó, qué se me fue, qué factor se me soltó de la mano, ¿me entendés? Y volver a intentarlo con otras reglas, otras normas, otras formas, y porque es la única manera de tener éxito, viste. Si seguís haciendo lo mismo te va a pasar lo mismo”.
Más adelante, Ripa admitió: “Iba a terminar un tema ahí para las fiestas [Navidad o Año Nuevo]. Pero bueno, saltó en los medios, así que bueno nada. Algún boludo que habló de más, pero igual no pasó nada, no, no, no... Hay que dejarlo en la agenda un poco, enfriarlo un poco”.
D’Alessio quiso saber más y preguntó por la zona: “¿En Recoleta?”. La respuesta fue contundente: “No, no, no. Allá, Chivil [por Chivilcoy]”.
La estructura de la banda
Al fundamentar el pedido de detención, Ferrari describió el modus operandi: “En líneas generales, la investigación comprobó la existencia de un grupo dedicado a cometer delitos de alto impacto, como el intento de robo al banco de San Isidro. La logística estaba liderada por Eduardo y Christian Ripa, quienes, junto a otras personas (Fadda, Quiroga de los Santos), se encargaban de contratar a ciudadanos uruguayos para la ejecución de los golpes (Sudamer Pesca y algunos de ellos ya detenidos), gestionar alquileres y confeccionar documentación falsa. Contaban y cuentan además con la colaboración de un efectivo policial, cuya función era obtener y proporcionar información a la que solo él podía acceder y así colaborar en eludir las investigaciones. La prueba reunida hasta ahora y, en particular, las prolongadas intervenciones telefónicas (más de un año) ha permitido verificar la veracidad de prácticamente todos los extremos consignados en la denuncia anónima inicial y recabar información de significativo valor para el avance de la investigación”.