El jefe de los fiscales de Salta cambió las reglas para las causas por bandas criminales

La Procuración General de Salta, a cargo de Pedro García Castiella, dispuso un nuevo protocolo para investigar delitos vinculados con organizaciones criminales. La Resolución N.° 1770, que alcanza a los fiscales penales de toda la provincia, busca que las causas no se caigan por fugas, testigos presionados o pruebas que desaparecen.

El eje está puesto en cómo el dinero, los contactos y las redes de apoyo de una banda pueden torcer el rumbo de una investigación. No se trata de una medida automática ni de una receta: los fiscales deberán analizar cada caso y explicar por qué esos factores representan un peligro real.

Qué tienen que mirar los fiscales

La resolución exige que los fiscales determinen el vínculo exacto de cada investigado con la organización, qué función cumple y a qué recursos puede acceder de manera efectiva. No basta con mencionar que existe una banda: hay que detallar cómo esas circunstancias pueden afectar el proceso.

La distribución de tareas, los recursos económicos y los mecanismos de asistencia entre los integrantes son factores que la Procuración considera relevantes. Una estructura organizada tiene posibilidades de evasión o interferencia muy distintas a las de una persona que actúa por su cuenta. Esa capacidad, aclara la directiva, debe examinarse en cada expediente.

El foco en las amenazas a víctimas y testigos

Uno de los ejes centrales es identificar si la organización tiene capacidad para amenazar, intimidar o presionar a víctimas y testigos. También si puede influir en sus declaraciones o dificultar que colaboren con la investigación.

La directiva incorpora esas situaciones al análisis de los riesgos procesales. La seguridad de quienes aportan información será un aspecto clave a la hora de fundamentar medidas para evitar interferencias, junto con las circunstancias concretas que surjan de las actuaciones.

Cuándo se podrá pedir la prisión preventiva

Los fiscales deberán solicitar prisión preventiva cuando existan elementos concretos que acrediten riesgos de fuga u obstaculización y las medidas menos restrictivas resulten insuficientes. El pedido tendrá que estar fundamentado y se presentará ante el juez competente, que es quien decide.

La pertenencia a una organización no implica una detención automática. La resolución exige considerar la participación individual de cada imputado, las condiciones particulares de la causa y los peligros identificados. La prisión preventiva es una medida durante el proceso y no equivale a una condena.

Pruebas que podrían ocultarse o destruirse

Otro punto que la Procuración quiere que se evalúe es la posibilidad de que una organización use sus contactos o recursos para ocultar, modificar o destruir pruebas. Los fiscales también deberán prestar atención a una eventual coordinación de versiones entre integrantes o a maniobras que dificulten conseguir nuevos elementos.

Ese análisis deberá mantenerse actualizado. Si cambia la capacidad de la estructura para intervenir en la causa, también habrá que revisar la evaluación de los riesgos. Las directivas contemplan, además, examinar decisiones judiciales y promover impugnaciones cuando existan fundamentos jurídicos suficientes.

Con estas pautas, la Procuración busca que las investigaciones contemplen el funcionamiento real de las organizaciones criminales y sus recursos. El desafío será traducir esos riesgos en argumentos y pruebas concretas, para proteger a víctimas y testigos y evitar que las causas queden obstaculizadas.