El "Jetón" manejaba la cocaína desde el taller de carpintería del Penal de Chimbas: 18 acusados van a juicio

La causa que sacudió al Servicio Penitenciario Provincial dio un paso decisivo: los 18 imputados por la banda narco que operaba dentro y fuera del Penal de Chimbas fueron llamados a juicio oral. El fiscal federal Fernando Alcaraz presentó el requerimiento de elevación y ahora el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan deberá fijar la fecha del debate.

La investigación, que se extendió entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, no apunta solo al tráfico de estupefacientes. Según Fiscalía, la organización también blanqueó $113 millones a través de la compra de inmuebles y un auto cero kilómetro.

Una estructura familiar con roles bien definidos

De acuerdo con la acusación, la banda estaba integrada por familiares y parejas que cumplían distintas funciones, conectando la venta de droga dentro del penal con puntos de comercialización en Chimbas y Santa Lucía.

El señalado como uno de los principales organizadores es Rodolfo Daniel Carrizo, alias "Rody" o "el Jetón". Según el fiscal, dirigía la venta de cocaína en el pabellón 4, sector 2, donde controlaba a los internos con deudas y almacenaba estupefacientes en el taller de carpintería.

Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel fueron identificados como vendedores dentro de la cárcel. Ivana Gabriela Gómez, pareja de Carrizo, habría actuado como enlace con el exterior: llevaba los registros de las operaciones y recibía las transferencias que hacían los internos.

La otra pata de la estructura, siempre según Fiscalía, la encabezaban Óscar Nahuel Carrizo, sobrino del "Jetón", y su pareja, Carla Luciana Brizuela Robledo. Ambos habrían coordinado la compra, el fraccionamiento y la distribución de cocaína en barrios de Santa Lucía y Chimbas.

Más abajo en la cadena, otros acusados cumplían tareas de venta, distribución, manejo de "búnkeres" y administración de billeteras virtuales para recibir y derivar el dinero.

El rastro del dinero: más de $800 millones en billeteras virtuales

Uno de los ejes centrales de la acusación es el movimiento financiero. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, los integrantes de la organización habrían movilizado más de $800 millones a través de plataformas como Mercado Pago y Naranja X.

El caso de Mauro Dávila Ochoa es uno de los mencionados por Fiscalía: habría recibido cerca de $247 millones y registrado movimientos por una cifra aún mayor. Según la investigación, manejaba un promedio mensual cercano a los $21 millones sin actividad laboral ni comercial declarada, y habría transferido más de $169 millones a proveedores de estupefacientes de Mendoza.

Otra cuenta clave era la de Marisa Matilde Robledo, con ingresos superiores a los $171 millones y egresos cercanos a los $168 millones. Para el Ministerio Público, funcionaba como una de las principales "cajas" para el cobro y abastecimiento de droga.

La acusación también incluye el presunto lavado de activos mediante la compra de cuatro lotes y un Fiat Cronos 0 km. Esas operaciones, por un total de $113 millones, se habrían hecho usando a familiares como titulares de los bienes.

Los pedidos de pena

Con la elevación a juicio, el expediente entró en una nueva etapa. El Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan deberá fijar la fecha del debate y resolver la situación de cada acusado.

En su acusación, Alcaraz pidió las penas más altas para Nahuel Carrizo (10 años de prisión), Carla Brizuela Robledo (9 años) y Rodolfo "Jetón" Carrizo y Marisa Robledo (8 años cada uno).

Para el resto de los integrantes, el fiscal requirió penas de entre 3 y 7 años y 6 meses, de acuerdo con el rol que les atribuye dentro de la organización.