El jubilado que peleó por sus aumentos bancarios recibió un revés de la Justicia entrerriana
Peleó casi tres décadas de aumentos bancarios y fue a la Justicia para no perderlos. Pero cuando la Caja mostró los números de su último recibo, la balanza se inclinó para el otro lado.
La Justicia de Entre Ríos le puso un freno a la ofensiva judicial de Orlando Alberto Jorge, un abogado jubilado de 82 años que buscaba frenar el nuevo esquema de actualización de haberes que impuso la reforma previsional provincial. El juez Juan Francisco Malvasio declaró inadmisible la acción de amparo y le cargó las costas del proceso al demandante.
La resolución se conoció el jueves 12 de noviembre y no entró en el fondo del asunto: el magistrado no definió si la Ley 11.302 es constitucional o no. Simplemente consideró que la discusión exige un debate más profundo, con producción de pruebas, y que el amparo no es la vía adecuada para ese tipo de controversia.
Qué reclamaba el jubilado del ex Banco de Entre Ríos
Jorge se jubiló en 1995 tras trabajar en el ex Banco de Entre Ríos SEM y durante casi tres décadas su haber se movió al ritmo de los acuerdos salariales del sector bancario. La reforma cambió esa referencia y la ató a los aumentos del escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial, que en la reglamentación quedó identificado con el personal del Consejo General de Educación (CGE).
En su presentación, el abogado sostuvo que la normativa "desvincula la movilidad de mi haber del escalafón bancario al que pertenecí en actividad y la ata a los incrementos del escalafón con mayor cantidad de aportantes". También objetó que el cambio alcanzara a quienes ya estaban jubilados antes de que se sancionara la ley.
El detonante fue lo que vio en su recibo. El 15 de octubre constató una acreditación de $199.776 en concepto de movilidad, equivalente al 3,5% de su último haber, liquidada bajo el código 5001, el que corresponde al nuevo mecanismo. "Esa suma no corresponde a ningún acuerdo salarial celebrado entre la patronal bancaria y la Asociación Bancaria", afirmó.
Además de pedir que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley 11.302 y de disposiciones reglamentarias de la Caja, reclamó diferencias por aumentos bancarios anteriores a la reforma que, según su versión, nunca se incorporaron a su jubilación. Solicitó que se liquidaran con intereses y que se descontaran los $199.776 ya cobrados.
Para justificar el amparo argumentó que estaba en juego su subsistencia: "El haber previsional es medio de subsistencia y reviste carácter alimentario. Cada liquidación mensual bajo el nuevo régimen renueva y agrava el perjuicio, que no admite la demora de un proceso ordinario".
La respuesta de la Caja y el argumento del juez
Durante el proceso, la Caja de Jubilaciones y Pensiones informó que Jorge había cobrado todos los aumentos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto. Y sumó un dato: la actualización de septiembre fue del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario del mismo período fue del 1,9%, una diferencia de 1,6 puntos porcentuales a favor del jubilado.
La Fiscalía de Estado, por su parte, defendió la legalidad del nuevo mecanismo de movilidad y puso sobre la mesa la situación financiera del sistema previsional entrerriano, su déficit estructural y la necesidad de sostener la sustentabilidad del régimen, con el argumento del carácter solidario y de los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Malvasio acompañó el dictamen del Ministerio Público Fiscal y entendió que existían otras vías judiciales para analizar los cuestionamientos. Por eso declaró inadmisible la presentación sin pronunciarse sobre la validez constitucional de las disposiciones impugnadas: el reclamo, según el fallo, deberá tramitarse por otro procedimiento judicial.
Cómo funciona la nueva movilidad en Entre Ríos
La Ley 11.302, sancionada el 29 de julio y promulgada el 20 de agosto de 2026, modificó el artículo 71 de la Ley 8.732, que regula el régimen previsional provincial. Desde entonces, los haberes jubilatorios se actualizan según los incrementos salariales que acuerde el Poder Ejecutivo con el escalafón que reúna la mayor cantidad de aportantes.
La norma también previó que, cuando no haya acuerdos salariales, las actualizaciones puedan fijarse por decreto del Ejecutivo. Los aumentos se trasladan a los beneficiarios sin importar el sector en el que hayan trabajado durante su vida activa.
La Caja reglamentó el mecanismo mediante la Resolución 4.924/26, del 25 de septiembre. En el caso de Jorge, la referencia tomada fue el personal del CGE, con los incrementos remunerativos de alcance general.
