El juez del Caso Chocolate ordena a la Legislatura entregar 50 memos clave: qué buscan destapar

50 memos, un puntero y una red de ñoquis que funcionó más de 20 años: la Justicia quiere saber quién los puso. El perjuicio podría superar los $4.000 millones.

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El juez del Caso Chocolate ordena a la Legislatura entregar 50 memos clave: qué buscan destapar
El juez del Caso Chocolate ordena a la Legislatura entregar 50 memos clave: qué buscan destapar

La investigación por los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense dio un paso más. El juez de Garantías Federico Guillermo Atencio emitió una orden de presentación para que la Cámara de Diputados bonaerense entregue de inmediato los memos de propuesta de designación de 50 personas, entre ellas el propio puntero Julio “Chocolate” Rigau. El objetivo: determinar qué diputado impulsó cada contratación.

La medida se conoció después de que la fiscal Betina Lacki reclamara en reiteradas ocasiones esos documentos a la Dirección de Legal y Técnica de la Cámara, sin obtener respuestas satisfactorias. Ahora, la Justicia exige que se presente “copia legible de la totalidad” de los memos que motivaron los contratos de locación de servicios de Rigau y otros 49 empleados que nunca pisaron la Legislatura.

Una red que funcionaba desde 2002

Según la investigación, algunos de estos contratos se remontan a 2002, como el del propio Rigau o el de la primera mujer de Claudio Albini, a quien el puntero le rendía el dinero extraído de los cajeros. Varios de los titulares de esas tarjetas ya hasta se jubilaron como empleados estatales, tras años de figurar sin trabajar.

Rigau fue detenido en un banco de La Plata con decenas de tarjetas a nombre de la Cámara de Diputados y una mochila llena de efectivo. Los verdaderos titulares no trabajaban, pero cobraban aportes previsionales y obra social, mientras sus sueldos de los llamados contratos “de bloque político” se desviaban hacia la política.

El perjuicio podría alcanzar los $4.000 millones

Al principio, la causa calculaba un fraude de unos $800 millones, pero la fiscalía amplió el período investigado desde enero de 2002 hasta septiembre de 2023. Con ese nuevo marco, el daño podría trepar a los $4.000 millones, según un cálculo conservador que solo contempla las tarjetas secuestradas a Rigau.

El juez Atencio ya había anticipado que el caso podía destapar “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Y la pesquisa parece darle la razón.

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