El juez explicó por qué condenaron a Torales: las fundaciones, los millones y los autos a nombre de otros

La sentencia que condenó a Lucas Torales y a dos integrantes de su familia dejó al descubierto cómo funcionaba la estructura que la Justicia federal consideró clave en la causa conocida como Piquetero VIP. El juez federal Enrique Bosch no se limitó a firmar el acuerdo: revisó informes bancarios, patrimoniales, fiscales y de la Unidad de Información Financiera antes de concluir que había pruebas suficientes para respaldar el fallo.

Según la sentencia, los acusados «reconocieron la existencia de los hechos, sus participaciones y la calificación jurídica acordada». Ese reconocimiento, aclaró Bosch, no lo eximía de analizar el expediente. Y el expediente mostró un entramado de fondos públicos, extracciones en efectivo y bienes registrados a nombre de terceros.

Las cuatro fundaciones y los más de $231 millones

El corazón de la causa fueron cuatro entidades vinculadas a Lucas Torales: Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes. De acuerdo con la documentación incorporada, esas fundaciones recibieron más de $231 millones del Estado provincial entre 2019 y 2023.

La investigación detectó un patrón: después de que las fundaciones cobraban pagos electrónicos del Estado, se hacían extracciones de efectivo y, poco después, aparecían incrementos en la cuenta personal de Lucas Torales por depósitos y transferencias.

Los números que consignaron los informes son elocuentes: Torales retiró $50.627.000 de cuentas de Jóvenes Líderes, $6.869.400 de La Revolución y $43.670.820 de Árbol de la Vida. Además, durante 2024 registró acreditaciones bancarias por más de $32,7 millones, de las cuales unos $16,9 millones correspondían a un plazo fijo.

Facturas, personal y bienes que no cierran

El fallo también puso la lupa en el funcionamiento interno de las entidades. En Árbol de la Vida y Jóvenes Líderes se detectaron diferencias entre la facturación emitida y la recibida, y se comprobó que no tenían bienes ni personal suficientes para desarrollar sus actividades.

En La Revolución, en tanto, las extracciones de efectivo se acercaban al total de los pagos que recibía del Estado. La documentación analizada incluyó, además, operaciones vinculadas con la comercialización de cesiones de ocupación de tierras fiscales y de soluciones habitacionales financiadas con recursos provinciales que se canalizaban a través de las fundaciones.

Los vehículos y los viajes al exterior

La Justicia acreditó que Lucas Torales usaba vehículos registrados a nombre de los otros condenados. Entre ellos, un Honda Civic y una Ford Territory inscriptos a nombre de José de Jesús Torales, más otro Honda Civic a nombre de Marcos Gabriel Torales Cordeiro.

Los registros migratorios y las tareas investigativas permitieron establecer que Lucas utilizaba esos rodados y que había viajado a Paraguay y Brasil. En el caso de la Territory, también figuraba como tomador del seguro, y no se presentó documentación suficiente para justificar el origen de los fondos con los que se compró.

El expediente sumó informes sobre personas que concurrrían con bolsos a domicilios donde se hacían operaciones de cambio, compras de dólares, traslados a Paraguay y adquisición de criptomonedas USDT que luego se convertían a pesos.

El rol de cada uno y las penas

Para Bosch, la reiteración de las maniobras, la actuación coordinada y el uso de una estructura familiar y de fundaciones justificaron los agravantes de habitualidad y organización. En ese esquema, el magistrado consideró que Lucas Torales tenía el control de la operatoria.

Lucas Torales, detenido en la Unidad 7 de Resistencia, recibió una pena de cinco años de prisión. José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro, en cambio, conservaron la libertad bajo condenas en suspenso. Los dos habían llegado acusados como partícipes necesarios, pero el acuerdo modificó su grado de intervención y terminaron condenados como partícipes secundarios, una atribución menos gravosa.

Durante tres años deberán mantener actualizado su domicilio, no abusar del consumo de alcohol ni consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Bosch también valoró que los tres carecían de antecedentes condenatorios y habían reconocido los hechos.

Además de la multa conjunta, cuyo importe se calculará conforme a las constancias de la causa, el tribunal ordenó el decomiso de una motocicleta Honda Wave perteneciente a José de Jesús Torales.