El juez frenó el sobreseimiento del rugbier acusado del ataque en Tafí del Valle y ahora la causa toma otro rumbo

El expediente que investiga la violenta agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle sumó un giro inesperado: el juez Marcos Javier Campero rechazó el pedido de sobreseimiento para Santiago Bagne, uno de los rugbiers imputados por el hecho. La decisión, que contradice el aval del Ministerio Público Fiscal, obliga a que el fiscal regional Diego Hevia defina en los próximos días si la causa continúa o se archiva.

El episodio se remonta a la madrugada del 29 de enero, cuando Ledezma denunció haber sido acorralado por una patota de unos 15 jóvenes oriundos de Concepción a la salida del boliche La Cañada. La fiscal Mónica García de Targa, a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física, imputó a Bagne y a Máximo Carreras como coautores de tentativa de lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas. La hipótesis fiscal sostiene que habrían formado un "cerco humano" para impedir que la víctima fuera asistida o pudiera escapar.

¿Qué argumentó la defensa para pedir el sobreseimiento?

A seis meses de la formulación de cargos, el abogado Gonzalo Ascárate presentó un pedido de sobreseimiento para su cliente. Según su reconstrucción de los hechos, la noche tuvo tres momentos: un altercado dentro del boliche, una reacción en la calle provocada por agresiones verbales de la víctima y la posterior retirada de Ledezma. "Varios testigos dijeron que nadie golpeó a Ledezma cuando estaba en el suelo y que Bagne intervino para frenar la pelea y sacar del medio a un amigo. Videos posteriores lo muestran a la víctima de pie, amenazando al grupo. Bagne actuó para pacificar el conflicto", afirmó el letrado, quien además señaló que las pericias telefónicas descartaron cualquier planificación previa.

El planteo defensivo recibió un respaldo inesperado: el auxiliar de fiscal Hugo Campos, en representación de las instrucciones del fiscal Gerardo Salas, coincidió en que la evidencia no alcanzaba para acreditar la participación de Bagne ni un pacto premeditado.

La querella salió al cruce y el juez definió

La posición de la querella, encabezada por el abogado José María Molina, fue tajante: solicitó la nulidad del dictamen fiscal al considerar que había elementos suficientes para llevar la causa a juicio. Para Molina, la existencia de testigos que ubican al imputado en la escena del hecho hace imprescindible que sus declaraciones sean sometidas a un contraexamen en el debate oral.

Tras analizar el expediente, el juez Campero resolvió rechazar el sobreseimiento. El magistrado sostuvo que no existe certeza absoluta sobre la no comisión del delito y remitió el legajo a la Fiscalía Regional.

"Ahora el fiscal Diego Hevia tiene tres días para expedirse si sostiene, o no, la solicitud fiscal del sobreseimiento. En caso de sostenerla, el sobreseimiento se dicta de manera vinculante para el juez y la querella puede impugnarlo. Si sostiene la decisión del juez se cambia el fiscal y se continúa con la investigación", explicó Ascárate a LA GACETA.