El juez le dio una segunda chance, pero depende de una sola cosa: si la abandona, va preso
¿Qué pasará con el joven de El Bolsón que acumuló cuatro robos y ahora depende de un tratamiento para no ir preso? La Justicia fijó una condición que no admite vueltas.
Un joven de El Bolsón acumuló una seguidilla de delitos contra la propiedad en los últimos dos años y este martes escuchó su sentencia: tres años de prisión en suspenso, pero con una condición que no admite excepciones. Si abandona el tratamiento contra las adicciones, pierde el beneficio y la pena se hace efectiva.
La resolución la firmó el juez Martín Arroyo en un juicio abreviado, luego de que el imputado, identificado como Lucas García, reconociera su responsabilidad en los cuatro hechos que le atribuyó la fiscalía.
Una historia atravesada por el consumo
Durante el proceso quedó claro que los robos no podían separarse de los problemas de García con el alcohol y otras sustancias. La fiscalía presentó testimonios de agentes de salud pública y de operadores de programas municipales que dieron cuenta de “los abordajes terapéuticos que no sostuvo en el tiempo”.
Con ese panorama, el magistrado homologó el acuerdo y fijó una serie de pautas de conducta. Además del tratamiento obligatorio, García deberá mantener un domicilio fijo, abstenerse de consumir drogas y alcohol mientras dure la condena y no acercarse a las víctimas de los robos.
El condenado, por su parte, aceptó mudarse al campo de sus abuelos para “modificar su entorno”, según consta en el fallo. La defensora oficial Blanca Alderete dio su conformidad con el acuerdo y lo calificó como “la mejor solución”.
La seguidilla de delitos que lo llevó a juicio
La reconstrucción de la fiscalía probó que García participó de cuatro episodios delictivos entre 2024 y 2025.
El primero ocurrió en septiembre de 2024, cuando junto a otras tres personas entró a una vivienda de El Bolsón tras romper una puerta. Se llevaron un televisor, una estufa, un equipo de música, ropa, vajilla y otros objetos, pero no llegaron a escapar porque la policía los sorprendió “in fraganti”. El hecho quedó caratulado como robo en tentativa.
En mayo de 2025 participó del hurto de un auto que había quedado estacionado en la vía pública con las llaves puestas. Dos meses después, en julio, intentó robar una moto que estaba sobre la vereda y fue interceptado por efectivos policiales.
El último episodio fue el 9 de septiembre pasado: ingresó a una casa cuya puerta estaba abierta y se aprestaba a huir con una heladera, herramientas, una anafe y otros elementos. La policía llegó al lugar alertada por un llamado anónimo y frustró el robo.
El acuerdo y la advertencia del juez
García reconoció su responsabilidad en los cuatro hechos y aceptó la pena convenida después de que le informaran sobre la alternativa de guardar silencio y esperar un juicio oral. El juez Arroyo aclaró que esa aceptación no alcanzaba por sí sola: se complementó con la evidencia reunida de forma independiente y expuesta por el fiscal durante el juicio abreviado.
El magistrado subrayó que la pena de tres años en suspenso se ajusta a los delitos descriptos, pero queda subordinada al cumplimiento de las pautas. En ese sentido, fue tajante: el tratamiento de adicciones “no es una recomendación, sino una condición priorizada por las partes”, y de ella depende la vigencia del acuerdo.
El fallo también dispone que se notifique a las víctimas sobre su derecho a seguir y controlar el cumplimiento de la pena.