El juez Lijo le sumó una nueva imputación a Spagnuolo: la cifra del embargo que lo complica

El juez federal Ariel Lijo volvió a mover el tablero en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Amplió el procesamiento y el embargo de Diego Spagnuolo, el ex titular del organismo, y extendió la misma medida a decenas de empresarios en una investigación que también salpica a Karina Milei, secretaria de Presidencia.

La resolución alcanza al exfuncionario por su rol central en el entramado: Lijo lo definió como "jefe de la asociación ilícita investigada" y dispuso ampliar su procesamiento sin prisión preventiva.

Los delitos que se le imputan son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional.

Qué cambió respecto de febrero

El procesamiento anterior de Spagnuolo databa de febrero. Ahora, la ampliación incorpora las contrataciones de insumos médicos de la ANDIS, que según la investigación habrían formado parte del mismo esquema por el que ya estaba siendo indagado.

El juez también amplió el embargo sobre los bienes del exfuncionario hasta alcanzar los 47 mil millones de pesos.

La decisión llegó después de que Lijo tomara declaración indagatoria a 35 acusados, un grupo en el que hay funcionarios del gobierno de Javier Milei y empresarios proveedores del Estado.

Las pruebas que lo comprometen

Según la resolución judicial, hay una serie de elementos que permiten vincular al extitular de la ANDIS con las maniobras investigadas. Entre ellos, el magistrado menciona registros de encuentros y visitas entre Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, señalado como el articulador de la asociación ilícita y uno de los principales operadores externos de la organización.

A eso se suman correos electrónicos enviados por Luis Cella, de la Droguería Prevent S.A., en los que denunciaba que empresas seleccionadas y operadores externos controlaban irregularmente las compras del organismo.

La Justicia detectó en las contrataciones de insumos patrones similares a los que ya había identificado en medicamentos: selección restringida de proveedores, competencia aparente entre empresas relacionadas, intervención de operadores externos y seguimiento de adjudicaciones y pagos.

Además, el nombre de Spagnuolo aparece junto a otros 68 nombres de funcionarios y empresarios en un cuaderno secuestrado en el domicilio de Calvete, un grupo que quedó registrado bajo la denominación "Círculo Tuco".