El juez que lanzó una piedra a sus empleados enfrenta el juicio político definitivo

Un juez federal acusado de arrojar una piedra a sus empleados se juega su cargo ante el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Qué pasará el 10 de agosto?

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El juez que lanzó una piedra a sus empleados enfrenta el juicio político definitivo
El juez que lanzó una piedra a sus empleados enfrenta el juicio político definitivo

El magistrado Pablo Ramiro Díaz Lacava se sienta ante el Jurado de Enjuiciamiento el 10 de agosto. Lo acusan de hostigar y amenazar a sus subalternos, en un caso que conmueve al Poder Judicial de La Pampa.

El juicio político contra el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de La Pampa, doctor Pablo Ramiro Díaz Lacava, entra en su etapa más crítica. El próximo 10 de agosto, a las 9 de la mañana, en las dependencias del Consejo de la Magistratura de la Nación, dará inicio la instancia oral que definirá si continúa en el cargo o es destituido. Se estima que a fines de agosto ya se conocerá la decisión.

¿Quiénes lo juzgan?

La Corte Suprema de Justicia designó a mediados de abril a los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Ellos son: los jueces de cámara Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca (LLA) y María Florencia López (UXLP); los diputados nacionales Christian Alejandro Zulli (UXLP) y Nicolás Mayoraz (LLA); y la abogada de la matrícula federal Ana Beatriz Fernández.

Se trata de un proceso de carácter netamente político: el tribunal solo evalúa si el magistrado cometió mal desempeño en sus funciones. Para una destitución se requieren cinco votos de los siete miembros. Si se produce, el juez pierde automáticamente el cargo y su jubilación. En caso contrario, se levanta la suspensión y vuelve a ejercer.

Las denuncias que lo llevaron al banquillo

Todo comenzó con las presentaciones de funcionarias y empleadas judiciales del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quienes relataron presuntos hechos de violencia, hostigamiento, maltrato y abuso de autoridad en el ámbito laboral. La gravedad de los hechos motivó la apertura del juicio político por presunto mal desempeño.

Uno de los episodios más impactantes es que el juez arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos, donde se encontraban sus secretarios. Además, está acusado de amenazar y hostigar a empleados que debieron tomar licencia médica.

Testigos y cronograma

El Jurado ya citó a los testigos de la defensa y de la acusación. Declararán numerosas personas que denunciaron haber sido víctimas, en su gran mayoría mujeres que se desempeñaban en el ámbito judicial, y otros testigos que presenciaron los episodios de violencia. El cronograma fijado demandaría una semana, según fuentes judiciales consultadas por LA ARENA.

Un dato relevante es que las denuncias no solo fueron impulsadas por las presuntas víctimas, sino que también fueron acompañadas por magistrados integrantes del propio Poder Judicial y compañeros de Díaz Lacava, una circunstancia poco frecuente que refleja la preocupación institucional.

También tiene una causa penal

En paralelo al juicio político, avanza la causa penal por los mismos hechos. El magistrado fue procesado y actualmente se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba previa al juicio oral, que se estima comenzará a mediados de septiembre.

El tribunal que llevará adelante el debate oral está integrado por los jueces federales Facundo Zapiola (TOF Nº 3 de Córdoba), José Fabián Asís (TOF Nº 2 de Córdoba) y Sabrina Nammer (TOF Nº 8 de CABA).

La acusación penal comprende conductas vinculadas a abuso de autoridad, lesiones, amenazas y distintos episodios de violencia y hostigamiento, muchos de ellos denunciados por mujeres que integraban el ámbito laboral del tribunal y que motivaron medidas de protección.

De esta manera, mientras el Jurado de Enjuiciamiento define en las próximas semanas si Díaz Lacava continúa o no en la magistratura, la investigación penal seguirá su curso con independencia del resultado disciplinario. Si es hallado culpable en sede penal, las consecuencias recaerán sobre su responsabilidad personal.

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