El juez volvió a su cargo y los empleados que lo denunciaron quedaron otra vez bajo su mando

La consejera de la Magistratura Jimena de la Torre votó a favor del dictamen acusatorio contra el juez federal Pablo Díaz Lacava, pero el Jurado de Enjuiciamiento, pese a dar por acreditados los hechos denunciados por funcionarios y empleados judiciales, resolvió no removerlo: consideró que los episodios no tenían la gravedad suficiente para apartarlo del cargo.

De la Torre integra el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados de la matrícula. Días atrás pasó por Santa Rosa como titular de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, donde dio una charla sobre “Posicionamiento estratégico y comunicación partidaria” en la sede partidaria de la avenida Luro. La acompañó como expositor Fernando de Andreis, secretario general del PRO.

Un vacío legal que deja al juez en funciones

La consejera explicó que el organismo que integra no puede suspender preventivamente a los jueces sometidos a juicio político, lo que deriva en situaciones anómalas como la de Díaz Lacava. “Corrés el riesgo de que suceda lo que acaba de pasar. Vos tenés un juez que tiene una causa penal, donde ya hay un procesamiento firme, pero mientras evaluamos su conducta, tampoco lo podíamos suspender preventivamente en el cargo. Entonces, tenías una orden judicial que le impedía ingresar, pero en realidad él seguía ejerciendo como juez, tenía capacidad de firma. Es bastante disparatado”, afirmó.

Para graficar el contraste, mencionó el caso de la ex jueza bonaerense Julieta Makintach, apartada preventivamente por su actuación en la causa por la muerte de Diego Maradona. “Lo que vimos ahí es que el Consejo de la Magistratura bonaerense sí tiene una herramienta legal en donde rápidamente la apartaron preventivamente para luego iniciar la evaluación de mérito respecto de un eventual juicio político, luego se inició el juicio político y finalmente se la termina removiendo. Pero lo primero que se hizo fue apartarla preventivamente”, recordó.

“Esa figura del apartamento preventivo que contiene la ley de la provincia de Buenos Aires y otras normas provinciales no la tiene el Consejo de la Magistratura y es algo que venimos hablando con varios legisladores nacionales porque le estamos pidiendo que esa suspensión preventiva se incorpore a la ley del Consejo de la Magistratura porque te pasan estas cosas”, agregó.

“No veo muy decoroso un juez que revolea piedras”

De la Torre repasó el proceso: “Con Díaz Lacava avanzamos en la investigación, producimos prueba, citamos testigos, se escucharon los testimonios, se merituó todo lo que rodeaba la causa y finalmente entonces se forma la convicción adentro del Consejo de la Magistratura que era de iniciar un juicio político, se juntan los votos, los dos tercios necesarios para esto y se eleva a juicio político. Y ahí el jurado reconoce que los hechos habían sucedido, y si bien no desconoce estos hechos, considera que no son de gravedad tal como para removerlo”.

La consejera cuestionó ese criterio con dureza: “Yo me pregunto: si un juez revolea una piedra hacia sus secretarios, hacia el interior del propio edificio con el riesgo de romper algo -incluso ni siquiera digo de lastimar, que podría haber ocurrido-, de dañar bienes del propio Poder Judicial ¿eso no es suficiente para acreditar que perdió su idoneidad moral? Todos los estándares internacionales nos hablan de que el juez debe ser y parecer en su función y que debe mantener condiciones de decoro. Yo no veo muy decoroso un juez que revoleá piedras. No veo que eso sea muy decoroso que digamos. Ahora, lo peor de esto es que te quedás en una situación binaria, porque como no podemos habilitar el juicio político, ni siquiera le aplicamos una sanción”.

Consultada sobre si las restricciones de acercamiento alcanzan para evitar el contacto con los denunciantes, advirtió que el escenario empeoró: “Ahora que ellos se animaron a denunciar y que le pusieron el cuerpo, se encuentran con una situación mucho más compleja que la anterior, porque ahora tienen un juez reivindicado, que vuelve a su juzgado y por más perimetral que tenga, él vuelve a recuperar condiciones como para seguir ejerciendo presión sobre esos funcionarios”. Y confirmó que vuelve a ser su superior jerárquico.

También comparó con el caso del juez federal Alfredo López, en Mar del Plata, removido por expresiones de odio y antisemitas en redes sociales. “Ese mismo jurado sí entendió que era susceptible de ser removido, pero acá, un juez que revolea una piedra, que maltrata a sus empleados, que tiene al personal prácticamente paralizado por temor, eso resulta que no. La verdad que no se termina de entender qué pasó. Yo creo que lo que debe haber pasado ahí es una situación mucho más de tipo política que de un análisis realmente jurídico de fondo”, sostuvo.

Al ser consultada sobre a qué se refería con político, respondió: “Alguna protección que haya obtenido Díaz Lacava para mantenerse en su rol. No sé, protección por parte de quién, no te lo puedo decir, pero es llamativo”. Sobre una eventual permeabilidad del Jurado a presiones externas, dijo: “No sé. La defensa corporativa de los jueces es fuerte y es potente. Ese tipo de defensas corporativas estamos muy acostumbrados a verlas adentro del Consejo de la Magistratura, son muy nocivas, muy tóxicas. Yo no sé si ese mismo tipo de presiones no se replican en el Jurado de Enjuiciamiento, desconozco”.

Por último, planteó qué pasaría si la causa penal avanza y el procesamiento se convierte en condena: “Continúa teniendo fueros, con lo cual, supongamos que lo declaran culpable y finalmente tiene una condena por delante para cumplir, no vas a poder ejecutar esa condena hasta que no le saques los fueros a través de un jury. Con lo cual vas a tener que iniciar el proceso otra vez”.

La UEJN pide revertir la restitución

Rocío Herrera, secretaria de Protección Individual al Trabajador de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), una de las partes denunciantes ante el Consejo de la Magistratura, confirmó que ya solicitaron la reconsideración de la resolución que ordenó restituir a Díaz Lacava en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. “Pedimos la reconsideración”, sostuvo, y anticipó que el gremio evalúa acudir en forma extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso a organismos internacionales. “Nos parece muy grave que hechos como los que se cometieron queden impunes”, dijo a Radio Noticias 99.5.

El jurado había argumentado que la denuncia estuvo mal encuadrada porque se trataba de un problema laboral y no penal. Herrera rechazó esa interpretación: “Creemos que la interpretación que hizo el jurado de enjuiciamiento careció de todo criterio jurídico. Dio la sensación de que quienes se sentaron a resolver no conocen de derecho. En Argentina está vigente el convenio 190 de la OIT que sanciona el maltrato y el acoso en el ámbito laboral”.

Y añadió: “Todas las conductas que se acreditaron en el expediente fueron realizadas en el ámbito laboral, no son conflictos laborales, que los hay en todas las oficinas, por discrepancias referidas a cuestiones organizativas o de criterio en el trabajo, pero esos conflictos no tienen por qué convertirse en malos tratos o acoso laboral. Si alguien considera que el hecho de que tu jefe te revolee una piedra es un simple conflicto laboral, me parece que retrocedimos en materia de derechos y de dignidad en Argentina de manera escandalosa”.