El juez ya fijó la fecha, pero la pelea por el abuso a una mujer con discapacidad no terminó

La Justicia de Victorica definió una fecha clave para el caso del presunto abuso sexual contra una mujer de 45 años con retraso madurativo. El juez de Control Carlos Espínola convocó a las partes para el martes 8 de septiembre, cuando se leerá la sentencia en el marco de una causa que lleva más de un año de idas y vueltas.

La audiencia se realizó ayer en la sede de la Cuarta Circunscripción, donde el magistrado escuchó los argumentos de la Fiscalía, la querella y la defensa. El Ministerio Público Fiscal pidió que se declare la prescripción del delito, mientras que la querella insistió en que el caso debe continuar porque la víctima, por su condición, no pudo denunciar antes.

El hecho y la denuncia

Según la documentación a la que accedió LA ARENA, la víctima tiene 45 años y un retraso madurativo que le impidió contar lo ocurrido hasta mucho tiempo después. Recién entonces pudo relatarlo a su madre, quien radicó la denuncia el 18 de marzo de 2024 en sede policial.

La causa no avanzó en un primer momento: el 7 de abril de ese mismo año se dispuso el archivo por el tiempo transcurrido y la posible prescripción. Sin embargo, la querella logró que el juez Espínola ordenara la reapertura el 11 de julio, y que el acusado declarara el 7 de agosto de 2024.

Además, se realizó una Cámara Gesell en la que la víctima dio detalles de la agresión. Ese testimonio fue determinante: el 18 de febrero de 2025, el juez formalizó la imputación contra el acusado por “abuso sexual agravado por acceso carnal en contexto de violencia de género”.

En la imputación se describe que el hecho ocurrió en el patio trasero de una vivienda de calle 30 entre 13 y 15 de Victorica, donde funcionaba un taller con un baño. Según la acusación, el imputado la habría llevado “a la rastra”, la habría tirado al piso y agredido sexualmente.

El pedido de prescripción

En la audiencia, el fiscal Rojo Mateos reiteró que no hay acusación por parte del Ministerio Público Fiscal por encontrarse extinguida la acción penal, según los artículos 59 inciso 3, 62 inciso 2, 63 y 67 del Código Penal. Aun así, aclaró que su pedido no implica desconocer la gravedad del episodio ni cuestionar la credibilidad de la víctima.

“La declaración de prescripción tampoco importa afirmar que el hecho no ocurrió”, explicó el fiscal, y agregó que significa únicamente que el Estado ya no está habilitado para juzgar ni imponer una pena. El abogado defensor, Julio César Pagella, adhirió a esos argumentos y también solicitó la prescripción.

La postura de la querella

El abogado Mariano Gastón Gualpa, representante de la querella, rechazó el planteo fiscal y pidió que se continúe con la causa “hasta la total averiguación de la verdad y sanción del responsable”. Sostuvo que, aunque el cómputo de los plazos podría ser correcto numéricamente, hay una “inaplicabilidad del cómputo tradicional por discapacidad cognitiva”.

Gualpa argumentó que clausurar el proceso penal por la incapacidad de la víctima para precisar fechas o denunciar tempranamente constituye una discriminación institucional, prohibida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales. Además, comparó la situación de la víctima con la de un menor de edad, para quienes la ley prevé la imprescriptibilidad.

“La inmadurez cognitiva y el retraso mental equiparan la situación de la víctima a la de un menor de edad”, concluyó el letrado, y advirtió que la Fiscalía vulnera el principio de igualdad ante la ley al aplicar un criterio etario rígido.