El juicio al cardiólogo del San Bernardo arrancó y se frenó: qué pidió la defensa
El juicio contra el cardiólogo del San Bernardo había arrancado. Pero un pedido de la fiscalía lo frenó en seco: tres días de suspensión y una pregunta que sobrevuela la sala.
El proceso contra el médico acusado de abuso sexual con acceso carnal contra quien era su esposa quedó suspendido por tres días apenas inició. La fiscalía amplió la acusación con nuevos hechos y el juez concedió plazo para que la defensa se prepare.
Este martes, en la primera jornada del debate, el fiscal Federico Obeid, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, sumó nuevos elementos a la acusación. Según informó el Ministerio Público Fiscal, esos hechos surgieron del testimonio de la denunciante y no modifican la calificación legal original.
Ante esa ampliación, el juez Eduardo Raúl Sangari resolvió suspender el juicio por tres días. La reanudación está prevista para el próximo martes 17 de noviembre a las 14 horas.
Quién es el acusado
En el banquillo se sienta un cardiólogo del Hospital San Bernardo de Salta, actualmente suspendido de empleo y sueldo. Se le imputa un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de quien, al momento de los hechos, era su esposa.
La decisión de postergar las audiencias busca garantizar el derecho de defensa: el acusado tendrá tres días para preparar su estrategia y, si lo considera, ofrecer nuevas pruebas.
Una denuncia que tardó años en llegar a juicio
El caso tiene un recorrido extenso. Según distintas fuentes, la primera denuncia de la mujer se presentó en julio de 2020 en la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, pero nunca fue derivada a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.
La mujer volvió a denunciar en 2021. Esta vez la causa sí quedó en la UDIS, aunque su citación a declarar no se produjo hasta marzo de 2023. Un año después, la denuncia fue archivada «sin investigación», según la propia denunciante.
Finalmente, el expediente se reactivó y los hechos llegaron a juicio. La acusación sostiene que, entre 2002 y fines de 2019, la mujer fue obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad durante la convivencia matrimonial.
La Fiscalía reunió para la causa declaraciones de testigos, informes profesionales y estudios periciales psicológicos, que conforman la base del requerimiento de elevación a juicio.
