El juicio contra los Kirchner vuelve este lunes: la cifra que la fiscalía pondrá sobre la mesa
La causa parecía encaminada a una audiencia más de trámite, pero la fiscalía vuelve con el detalle que más pesa: el 88% de la facturación de Los Sauces salía de dos grupos empresarios. Este lunes, el tribunal escucha cómo se arma esa cifra.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces retoma su curso este lunes en el Tribunal Oral Federal Nº 5. La audiencia estará dedicada a continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces, el documento en el que la fiscalía detalla su acusación contra la familia Kirchner.
En la jornada anterior, el fiscal Diego Velasco había presentado la hipótesis del Ministerio Público sobre el recorrido del dinero: fondos que, según la acusación, salían de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo y regresaban a los Kirchner a través de contratos de alquiler con la inmobiliaria familiar.
La causa Hotesur, en tanto, quedaría habilitada a partir del jueves siguiente, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del tribunal.
La “compleja maniobra delictiva” que sostiene la fiscalía
Para el Ministerio Público, el esquema constituye una “compleja maniobra delictiva”. A su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían armado una matriz de corrupción destinada a enriquecer de manera ilegítima tanto a empresarios vinculados como a la propia familia.
En el caso de Los Sauces, la acusación investiga lavado de activos mediante una estructura inmobiliaria y hotelera que, según el planteo, se valía de alquileres para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
El mecanismo descripto sostiene que los Kirchner favorecieron a compañías de Báez y del Grupo Indalo con contratos del Estado Nacional y que una parte de ese dinero volvía a la familia por intermedio de Los Sauces, sociedad constituida por los expresidentes y su hijo Máximo. Con esos recursos, la inmobiliaria compró propiedades, hoteles y terrenos que después quedaron a disposición de las mismas empresas mediante contratos de alquiler.
“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, señaló la Fiscalía.
El 88% de la facturación y un patrimonio que se multiplicó
El requerimiento pone el foco en la composición de los ingresos de Los Sauces. Según el documento, el 88% de su facturación provenía de los llamados “empresarios amigos”: un 65% de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) y un 23% del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.
Entre 2009 y 2016, la inmobiliaria facturó a esos grupos $25.968.042,30 en alquileres de propiedades y hoteles. La acusación califica esos contratos como “innecesarios” o por encima de los valores de mercado. En ese mismo período, el patrimonio neto de la sociedad creció más de un 12.000%: pasó de $100.000 a $12.122.430,26.
De dónde salían los fondos, según la acusación
La Fiscalía identificó dos vertientes de origen. En el caso de Báez, el dinero provendría de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, en el marco de la causa Vialidad. Para López y De Sousa, en tanto, los fondos se habrían obtenido por dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.
El fiscal también puso la lupa sobre varias adquisiciones. Entre ellas, un terreno en El Calafate comprado a $7,50 el metro cuadrado, pagado más de un año después y sin escriturar ni registrar. También departamentos en Madero Center, en Puerto Madero, adquiridos con dinero personal de Néstor Kirchner e incorporados luego a Los Sauces, y un terreno vendido por Austral Construcciones que la acusación considera una compraventa simulada para ocultar una donación de Báez.
La lista incluye además el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner. Fue comprado en 2015 por USD 370.000 y pagado con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).
