El juicio más caro de la historia argentina se jugó también en la Casa Blanca: quién movió los hilos y cuánto cobró
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El juicio más caro de la historia argentina se jugó también en la Casa Blanca: quién movió los hilos y cuánto cobró

Mientras la Argentina desplegaba una campaña en las redacciones más influyentes del mundo, los demandantes tocaban puertas en la Casa Blanca y el Congreso. Quién fue el único lobista del otro lado y cuánto cobró.

El litigio por la expropiación de YPF no se dirimió únicamente en los tribunales de Nueva York. Según registros oficiales de Estados Unidos y una respuesta que el Ministerio de Economía entregó por pedido de acceso a la información pública, la pulseada tuvo dos frentes paralelos: uno en las redacciones de los medios más influyentes del planeta y otro en los pasillos del poder político de Washington.

Los beneficiarios de la condena por US$16.100 millones —que después fue revocada— llevaron sus argumentos hasta la Casa Blanca y el Congreso. La Argentina, en paralelo, montó una campaña de comunicación con alcance global.

El día que la defensa miró las redacciones

El 29 de octubre de 2025, tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuchaban los alegatos por la estatización de la petrolera. Ese mismo día, FGS Global —la consultora que asesoró al Ministerio de Economía en comunicación estratégica— declaró 19 contactos con medios internacionales.

Entre los destinatarios figuraron Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times y The Economist, que recibieron correos de la firma. También hubo un mensaje de texto al Financial Times y un encuentro presencial más un mensaje a Bloomberg. El motivo informado fue siempre el mismo: “Petersen contra la Argentina”.

El contrato con FGS fijó un pago inicial de US$60.000.

El desembarco en el poder político

El rastro de la ofensiva de los demandantes aparece el 4 de marzo de 2026. Ese día, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, uno de los estudios que representa a Petersen Energía —cuyo litigio financió Burford— y a Eton Park. Abrió dos expedientes, uno por cada demandante.

La primera descripción fue explícita: la consultora trabajaría en “cuestiones relacionadas con el litigio de la Argentina por la expropiación de una petrolera estatal”. Al informar la actividad, el lenguaje se volvió más neutro: “Litigio que involucra a un soberano extranjero”.

Por esas gestiones, OnMessage declaró ingresos por US$250.000: US$110.000 vinculados a Petersen y US$140.000 a Eton Park.

Los registros consignan gestiones ante la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente y ambas cámaras del Congreso. Los formularios no identifican a los funcionarios, legisladores o asesores contactados ni revelan qué se les pidió, pero documentan el vínculo expreso con el caso YPF.

Un solo lobista, aceitados contactos republicanos

La tarea quedó en manos de Tommy Binion, un operador con extensos vínculos en el Partido Republicano. Había sido director legislativo del exrepresentante Steve King y vicepresidente de relaciones con el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Heritage Foundation, uno de los centros de pensamiento conservador más influyentes de Estados Unidos, con fuerte llegada al entorno de Donald Trump.

Cuando pasó a OnMessage, en 2022, Heritage informó que Binion seguiría como consultor y destacó sus lazos con el Capitolio y la primera administración de Trump.

El calendario que explica la urgencia

OnMessage se registró en los organismos norteamericanos 23 días antes de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo de 2026, la condena contra la Argentina y dejara sin efecto la orden de entregar las acciones de YPF. La representación de Petersen y Eton Park terminó el 1° de junio. Al día siguiente, el tribunal rechazó el pedido de reconsideración.

Binion no salió de escena: el 22 de julio, OnMessage registró formalmente a Burford Capital y volvió a asignarlo como lobista. En el conjunto de sus registros de 2026, Burford y tres consultoras informaron montos que suman en bruto US$790.000. La cifra abarca toda su agenda, no solo el pleito argentino, y puede contener superposiciones entre gastos internos y honorarios externos.

No hay pruebas documentales de que OnMessage haya organizado los amicus curiae que respaldaron a Petersen y Eton Park ante la Corte Suprema. Los escritos de Missouri y otros 14 estados y territorios, organizaciones conservadoras, académicos y dirigentes políticos muestran, sin embargo, un ecosistema favorable a los demandantes.

La maquinaria argentina, en números

El país había abierto su frente casi un año antes. El 22 de mayo de 2025, FGS Global fue contratada para asesorar al Ministerio de Economía; Sullivan & Cromwell, el estudio que representa a la Argentina, celebró el acuerdo en nombre del Estado. El convenio estableció un pago inicial no reembolsable de US$60.000 por 30 días y, desde entonces, honorarios por hora.

Los documentos que FGS presentó bajo la ley FARA permiten reconstruir la intensidad de la campaña: un relevamiento sobre las dos primeras declaraciones semestrales identificó 267 registros de contacto entre el 6 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026. No son necesariamente 267 periodistas: hay correos repetidos, llamadas, videoconferencias, mensajes de texto y reuniones.

Reuters y Reuters Breakingviews concentraron 46 registros; Bloomberg, 38; The Wall Street Journal, 32; Financial Times, 23; Law360, 22, y Latin Finance, 19. También aparecen The Economist, The New York Times, El País, EFE, Americas Quarterly, The American Lawyer, Law.com, Foreign Policy y Global Arbitration Review.

Los picos siguieron el pulso del expediente: 30 contactos el 3 de octubre de 2025, 19 el día de la audiencia ante la Cámara de Apelaciones y 14 el 28 de enero de 2026, cuando el país pidió frenar lo que describió como un discovery “intrusivo”. FGS distribuyó entonces una declaración de la Procuración del Tesoro: la Argentina ya había entregado más de 115.000 páginas y brindado 30 horas de testimonios.

Los registros también exponen el libreto. La defensa advirtió que la entrega de las acciones podía provocar un conflicto de política exterior, sostuvo que la disputa debía resolverse bajo el derecho argentino y acusó a Burford de querer convertir a los tribunales estadounidenses en “un casino”. Tras el fallo del 27 de marzo, FGS difundió declaraciones de Sullivan & Cromwell que presentaron la decisión como una reivindicación de la posición argentina.

Cuánto pagó finalmente el Estado

Durante meses faltó una pieza: el monto efectivamente desembolsado. Las presentaciones de FGS indicaban que los fondos estaban pendientes. La respuesta oficial del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, llegó el 13 de octubre de 2026: el giro inicial de US$60.000 se concretó el 2 de octubre, en dólares y a favor de Sullivan & Cromwell, por los servicios de FGS. Según la cartera, no hubo pagos adicionales.

La fecha agrega una coincidencia al relato, aunque no prueba una relación causal: dos días antes, Petersen y Eton Park habían llevado el caso a la Corte Suprema. Para entonces, las contrataciones específicas de OnMessage ya habían terminado. El dinero de la campaña argentina, en cambio, acababa de salir.

Los documentos muestran cómo cada parte intentó moldear el ambiente en el que se resolvía el juicio más costoso que enfrentó el país. Un lado apuntó a las oficinas del poder político; el otro, a las redacciones capaces de convertir sus argumentos en clima de opinión.

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