El juicio por el caso Fontana no arranca: suspendieron el debate a horas de la audiencia

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco volvió a encender las alarmas por el caso de violencia institucional que tiene como víctimas a integrantes de una familia Qom del barrio Banderas Argentinas, en Fontana. El juicio oral debía comenzar este 22 de septiembre, pero a menos de 24 horas de la audiencia la Cámara Segunda en lo Criminal aceptó el pedido de la nueva defensa de uno de los imputados y reprogramó el debate para el 5 de octubre.

No es la primera vez. La causa fue elevada a juicio en abril de 2022 y, desde entonces, el inicio del debate acumuló al menos tres suspensiones formales, además de otras reprogramaciones. A más de seis años de los hechos, el juicio todavía no pudo empezar.

Qué dice el Comité sobre las demoras

El organismo reconoce que el derecho de defensa y las garantías del debido proceso deben respetarse plenamente. Pero advierte que esas garantías tienen que convivir con los derechos de las víctimas. La Ley 27.372 reconoce expresamente el acceso a la justicia, el tratamiento justo y la celeridad, y fija como principios la rápida intervención, la no revictimización y el enfoque diferencial cuando hay situaciones de vulnerabilidad, entre ellas las vinculadas con la pertenencia étnica.

En este caso, las víctimas pertenecen al pueblo Qom. Para el Comité, las sucesivas dilaciones y la forma en que se prolongó el proceso dejan a la vista una falta de adecuada perspectiva intercultural. La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial.

Los derechos que quedan en el camino

Las postergaciones prolongan la incertidumbre de las víctimas y sus familias y comprometen derechos reconocidos por la Ley de Víctimas. Según el Comité, el acceso efectivo a la justicia no se limita a la posibilidad de denunciar o participar de un proceso: también requiere obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.

Ante esta nueva suspensión, el organismo reiteró la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que el debate pueda finalmente desarrollarse sin nuevas dilaciones, respetando las garantías de todas las partes y asegurando a las víctimas una respuesta judicial efectiva, oportuna y con perspectiva intercultural.

El inicio del juicio quedó reprogramado para el 5 de octubre de 2026.