El juicio por el crimen de Érika arrancó con una hipótesis que nadie esperaba

El proceso judicial por la muerte de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, entró en su etapa definitoria. En la primera audiencia del debate oral, la Fiscalía y la querella ratificaron el pedido de prisión perpetua para el principal acusado, mientras la defensa negó el femicidio y lanzó una teoría alternativa que apunta al narcotráfico.

El tribunal está compuesto por los jueces María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira. Las partes presentaron sus alegatos de apertura y dejaron en claro las estrategias que intentarán sostener durante todo el juicio, que gira en torno a lo sucedido el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena y al posterior hallazgo del cuerpo en Manantial Sur.

La acusación: perpetua para “El Militar”

El fiscal Pedro Gallo mantuvo la imputación central contra Felipe “El Militar” Sosa, de 51 años, a quien señala como el autor del crimen. Según la acusación, Sosa mató a golpes a la joven en su domicilio. Por ese hecho, el Ministerio Público solicitó la pena de prisión perpetua.

Además, el fiscal reclamó seis años de prisión por encubrimiento triplemente agravado para Justina Gordillo, de 48 años, expareja de Sosa y empleada judicial, y para Jorge “Chicho” Díaz, empleado del acusado. A ambos les atribuye haber participado en maniobras para ocultar el cadáver, borrar rastros y preservar armas.

El abogado querellante Carlos Garmendia, que representa a los padres de la víctima, respaldó en su totalidad el planteo fiscal y calificó la prueba como "abrumadora".

La defensa de Sosa: pánico, pero no autor

El abogado defensor Marcelo Cosiansi, quien actúa junto a Rubén Flores, rechazó la acusación de femicidio. Reconoció que la joven murió en la vivienda de Sosa y que el imputado decidió ocultar el cuerpo "en un ataque de pánico", pero afirmó con énfasis que su asistido no fue el autor del crimen.

La estrategia de la defensa se apoyará en dos ejes. Por un lado, cuestionará las pericias médicas forenses al señalar contradicciones entre los profesionales que intervinieron. Por otro, impulsará una línea de investigación alternativa vinculada a presuntos contactos de la víctima con el narcotráfico. Ese argumento, según la defensa, explicaría el temor y la reacción posterior del acusado.

Los acusados por encubrimiento se despegan

Las defensas de los otros imputados negaron la existencia de un plan de impunidad.

Justina Gordillo: sus abogados, Camilo Atim y María Florencia Abdala, sostuvieron que el cuerpo fue abandonado en un horario en el que la mujer estaba trabajando. Argumentaron que los movimientos de vehículos, el retiro de dinero y los trámites de viaje respondían a acuerdos familiares previos, y no a una colaboración en la fuga o a un beneficio económico.

Jorge “Chicho” Díaz: su abogado, Juan Pablo Bello, afirmó que el imputado estuvo en el lugar por razones estrictamente laborales, como el cambio de cubiertas y el corte de césped. También señaló que el traslado de un arma a una agencia de seguridad fue una orden directa de su empleador, y descartó cualquier intención de encubrimiento.

(Fuente: Los Primeros)