El juicio por el femicidio de Érika Álvarez arranca con una pregunta que nadie pudo responder

La Justicia tucumana inicia este lunes el debate por la muerte de Érika Antonella Álvarez, asesinada a golpes en Yerba Buena. El principal acusado es Felipe “El Militar” Sosa, pero el gran interrogante sigue siendo el móvil del crimen.

Nueve meses después del femicidio, el caso llega a juicio oral con tres imputados y un condenado. La investigación, liderada por el fiscal Pedro Gallo, reconstruyó cómo fueron las últimas horas de Érika y las maniobras posteriores para ocultar el cuerpo.

La noche del 7 de enero

Según la acusación, la joven arribó de madrugada a la vivienda de Sosa en un vehículo pedido por Uber. Allí, el hombre la atacó con violencia hasta causarle la muerte. Luego, el cadáver fue trasladado y abandonado en un descampado de Manantial Sur.

Para la fiscalía, Sosa contó con ayuda para deshacerse del cuerpo, borrar rastros e intentar fugarse. Entre los colaboradores figuran su ex pareja, la empleada judicial Justina Gordillo; su amigo Nicolás Navarro Flores; y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de una de sus empresas.

Un condenado que será testigo clave

Navarro Flores ya recibió una pena de tres años de prisión efectiva por encubrimiento. Su testimonio es uno de los más esperados porque, durante la instrucción, aportó datos que complicaron la situación de Gordillo y podría revelar qué pasó después de la muerte de Érika.

Sus abogados, Patricio Char y Candelaria Hernández, adelantaron que mantendrá la misma versión que dio en la investigación y que colaborará con el esclarecimiento. Para Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, su declaración podría precisar las acciones posteriores al fallecimiento. En la misma línea, el defensor de Díaz, Juan Pablo Bello, consideró que el condenado puede ser decisivo para entender el comportamiento de los demás involucrados.

Díaz sigue detenido en el penal de Benjamín Paz porque no logró reunir los $20 millones de caución para acceder al arresto domiciliario. Bello anticipó que el debate será complejo por las distintas responsabilidades que se juzgan: la del presunto autor material y la de quienes habrían encubierto el hecho.

¿Accidente o ataque brutal?

La defensa de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansi, niega el femicidio y sostiene que la muerte pudo ser accidental. “Mi posición es clara: Felipe no mató a Érika”, afirmó el letrado, quien cuestionó las conclusiones de la investigación y las limitaciones de las pericias.

Según Cosiansi, no se pudieron realizar análisis histopatológicos ni toxicológicos, y existen diferencias entre los informes médicos sobre el mecanismo que provocó el deceso. En cambio, Garmendia sostiene que Sosa atacó a Érika durante un encuentro sexual en el que hubo consumo de drogas. El abogado de la familia señaló que el expediente contiene antecedentes de violencia de género atribuidos al acusado y testimonios sobre cambios en su conducta cuando consumía sustancias.

La sombra del narcotráfico

Otra línea que podría aflorar en el juicio es la posible conexión con el narcotráfico, una hipótesis que se exploró pero no permitió establecer un móvil comprobado. Érika mantenía una relación sentimental con Carlos “El Mayor” Ferreyra, un ciudadano paraguayo con antecedentes por tráfico de drogas y sobre quien pesaría un pedido de captura internacional.

También se mencionaron presuntas actividades de Sosa vinculadas a la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y posibles contactos entre ambos hombres. Familiares de la víctima declararon que Érika les había hablado de pastillas de éxtasis en la casa de Sosa y de sus vínculos con personas de ese ambiente.

Cosiansi planteó que su defendido pudo haberse deshecho del cuerpo por temor a represalias, tras una muerte que considera accidental. Garmendia rechazó esa explicación y la calificó de inverosímil. La defensa aclaró que los vínculos con el narcotráfico no demuestran que una organización criminal haya ordenado el crimen.

El desafío de encontrar el motivo

El tribunal deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados y valorar las pruebas reunidas en nueve meses de investigación. Aunque el móvil no es un requisito indispensable para acreditar un homicidio, esclarecer qué desencadenó la muerte de Érika será uno de los principales retos del debate que comienza el lunes.