El juicio por el femicidio de Erika Álvarez arranca en días y la defensa de "El Militar" Sosa lanzó una denuncia explosiva

Nueve meses aislado, 23 horas encerrado por día y una salud que se deteriora: el cuadro que la defensa de "El Militar" Sosa puso sobre la mesa a días del juicio. Qué resolvió el juez sobre el aislamiento.

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El juicio por el femicidio de Erika Álvarez arranca en días y la defensa de "El Militar" Sosa lanzó una denuncia explosiva
El juicio por el femicidio de Erika Álvarez arranca en días y la defensa de "El Militar" Sosa lanzó una denuncia explosiva

A menos de dos semanas del inicio del juicio oral por el femicidio de Erika Antonella Álvarez, la defensa de Felipe "El Militar" Sosa denunció que el acusado permanece aislado y con serios problemas de salud en el penal de Benjamín Paz. El abogado Marcelo Cosiansi reclamó ante la Justicia que se revisen las condiciones de detención de su cliente, a quien describió como sometido a un "trato inhumano".

Un encierro de 23 horas y una salud en riesgo

Según expuso Cosiansi en una audiencia, Sosa está aislado desde hace nueve meses y pasa aproximadamente 23 horas por día encerrado en su celda, sin contacto con otros internos. A esa situación se suman fuertes restricciones para comunicarse con sus familiares y con sus propios abogados.

"No entiendo cuál es la intención de esta medida. El juicio comienza en menos de 10 días y mi asistido continúa con este trato inhumano", cuestionó el defensor.

El abogado también advirtió sobre el deterioro de la salud de Sosa: mencionó antecedentes de adicciones, dificultades para acceder a los medicamentos recetados y la aparición de protuberancias en distintas partes del cuerpo. A eso agregó que las restricciones afectan su tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya que el personal penitenciario permanece presente durante las entrevistas.

Un alojamiento cuestionado

Cosiansi denunció que su defendido fue ubicado en un sector destinado a condenados por delitos sexuales, pese a que todavía está procesado. Las autoridades penitenciarias habrían justificado esa decisión por la falta de instalaciones adecuadas para personas vinculadas con fuerzas de seguridad, una explicación que el abogado rechazó de plano.

El defensor describió además el régimen de seguridad al que está sometido Sosa: cada vez que sale de la celda para comer es escoltado por varios agentes mediante un dispositivo conocido como "diamante", que impide cualquier interacción con otros detenidos. También criticó que las reuniones con sus abogados se realicen a través de una separación de acrílico, lo que a su entender complica la preparación de la estrategia defensiva. "¿Cómo puedo hacer para mostrarle una declaración o hacerle escuchar una declaración?", se preguntó.

Las hijas y otras limitaciones

Las restricciones alcanzan también a las hijas del acusado, que no pueden tener contacto físico con su padre durante las visitas. Cosiansi advirtió que esa situación podría tener consecuencias emocionales en las menores y anticipó que evalúa presentar una denuncia por impedimento de contacto.

Según el defensor, Sosa tampoco puede realizar actividades recreativas y su acceso a la lectura estaría limitado a 15 minutos.

Qué respondieron la Fiscalía y la querella

La representante del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante, Carlos Garmendia, coincidieron en la necesidad de revisar las condiciones de alojamiento y de garantizar la asistencia médica del imputado. Sin embargo, ambos rechazaron trasladarlo a otro establecimiento penitenciario.

La decisión del juez

El juez Alejandro Tomás hizo lugar de manera parcial al pedido de la defensa. No ordenó levantar el aislamiento, pero dispuso que el Servicio Penitenciario adopte las medidas necesarias para asegurar la atención sanitaria de Sosa, el suministro de los medicamentos indicados por los profesionales y el contacto con sus abogados y familiares. La resolución mantuvo las restricciones de seguridad, aunque fijó obligaciones específicas para garantizar los derechos del acusado mientras esté detenido.

El juicio que se viene

El debate oral comenzará el lunes 26 de octubre en Tucumán. Sosa es el principal acusado por el femicidio de Erika Antonella Álvarez, ocurrido el 7 de enero, y el fiscal Pedro Gallo ya adelantó que pedirá la pena máxima: prisión perpetua.

En el mismo proceso serán juzgados Justina Gordillo, ex pareja de Sosa, y Jorge "Chicho" Díaz, empleado de su confianza, ambos acusados de encubrimiento. Para cada uno, el Ministerio Público Fiscal anticipó un pedido de seis años de prisión.

El tribunal contará además con la declaración de Nicolás Navarro Flores, el cuarto involucrado, que ya fue condenado a tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado tras reconocer su colaboración con Sosa. Su testimonio será una de las pruebas centrales de la acusación.

Sosa fue detenido el 15 de enero en Buenos Aires, cuando, según la investigación que encabezó inicialmente la fiscal María del Carmen Reuter, presuntamente intentaba salir del país. Luego fue trasladado a Tucumán y alojado en Benjamín Paz, donde permanece desde entonces.

Mientras la defensa continúa cuestionando las condiciones de detención, el proceso avanza hacia una instancia decisiva que podría terminar con una condena a prisión perpetua para el principal imputado.

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