El juicio por Érika Álvarez quedó al borde del abismo: sus defensores darían un paso al costado
Los defensores de "El Militar" Sosa estarían a punto de abandonar el juicio por el femicidio de Érika Álvarez. Detrás de la salida, un episodio interno que lo complica todo y una trama de narcotráfico que amenaza con salpicar a terceros.
La décima audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez podría cambiar el rumbo de la causa que tiene en vilo a Tucumán. Los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Felipe "El Militar" Sosa, anunciarían su decisión de abandonar la representación técnica del imputado.
Los motivos que llevarían a los letrados a tomar esa determinación serían diferencias de criterio profesional insalvables y un episodio interno de gravedad: un supuesto intento de agresión física de Sosa contra Flores.
A ese clima enrarecido se suman las advertencias sobre presiones y amenazas de muerte que estaría recibiendo el acusado.
Una trama que salpica al narcotráfico
El juicio por el femicidio de la joven tucumana dejó al descubierto una compleja red vinculada al tráfico de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y a la llegada de avionetas con sustancias ilegales.
En las audiencias anteriores volvió a aparecer el nombre de Carlos "El Mayor" Ferreira, un ciudadano paraguayo señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y con quien Érika mantenía contacto. Eso alimenta los temores de que el imputado pueda revelar información comprometedora contra terceros durante el debate.
Qué dice el Código Procesal sobre la renuncia
El Código Procesal Penal de Tucumán establece que los abogados solo pueden renunciar ante circunstancias de extrema gravedad. Hasta el momento, los letrados no presentaron ningún escrito formal, por lo que deberán dar explicaciones exhaustivas ante las juezas Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli y el magistrado Gonzalo Ortega.
Si el tribunal considera que la dimisión es injustificada o intempestiva, los profesionales podrían enfrentar un incidente de conducta. Las sanciones van desde un apercibimiento administrativo y multas equivalentes al sueldo de un juez de primera instancia hasta la separación definitiva del juicio y la remisión de las actuaciones al Colegio de Abogados de Tucumán.
Plazos y el fantasma de la nulidad
Si la renuncia queda firme, "El Militar" Sosa tendrá 72 horas para designar un nuevo abogado particular o, en su defecto, pedir la asistencia de la Defensoría Oficial. El profesional que asuma deberá acoplarse a un debate que ya lleva nueve audiencias y una estrategia previa delineada.
El mayor riesgo procesal está en el artículo 276 del código de rito, que permite suspender el juicio por un máximo de 10 días para que la nueva defensa examine las actuaciones. Si el receso supera ese límite, todo el debate oral quedará anulado y deberá reiniciarse desde cero. Los jueces intentarán evitar ese escenario para preservar la validez de la prueba ya incorporada.
