El juicio por lavado de activos contra Sena y Acuña ya tiene fecha: ¿qué se sabe?

La Justicia federal chaqueña confirmó cuándo se sentará en el banquillo a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos. El debate oral será entre el 24 de junio y el 6 de julio de 2027, según notificó el Tribunal Oral Federal.

La pareja, ya condenada a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, enfrentará ahora un proceso por el manejo de fondos a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. La acusación sostiene que esa entidad sirvió para blanquear dinero público con apariencia de legalidad.

¿Cómo se destapó la causa?

El origen de esta investigación no fue una denuncia económica, sino un hallazgo casual. Durante los allanamientos del 9 de junio de 2023 en la casa de la familia Sena, en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia, se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo sin justificar. Ese hecho encendió las alarmas del fiscal federal Patricio Sabadini, que abrió una pesquisa preliminar por lavado de activos.

La Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, cofundada por la pareja en 2009, facturó de manera exclusiva al Estado provincial. Según el requerimiento, sus acreditaciones bancarias pasaron de 16,4 millones de pesos en 2015 a más de 122 millones entre enero y mayo de 2023, con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) como principal financiador en el último tramo.

Los bienes bajo la lupa

El dictamen fiscal detalla que Sena incorporó a su patrimonio una sucesión de camionetas Toyota Hilux y otros vehículos entre 2015 y 2023, la última valuada en más de 19,6 millones de pesos. Además, dos fracciones de tierra en el departamento Libertad que le fueron adjudicadas por el Instituto de Colonización del Chaco.

Acuña, por su parte, habría adquirido tres inmuebles en Resistencia y Colonia Benítez mediante boletos de compraventa sin inscripción registral, uno de los cuales vendió en 2021. También se registraron numerosos viajes a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, incompatibles con los ingresos declarados por ambos como empleados públicos del Ministerio de Educación y, en el caso de Acuña, también del Ministerio de Desarrollo Social.

El abultamiento de gastos

El fiscal Sabadini señala que en el ejercicio 2022 los gastos declarados por la fundación en los rubros “mano de obra por convenio y materiales” y “personal del centro de salud” se dispararon entre un 238% y un 500% respecto del año anterior. Para la fiscalía, ese desfasaje constituye una maniobra de “abultamiento falso de gastos” para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito desviados del Estado provincial.

La causa también apunta al manejo de fondos del IAFEP para la construcción de 40 soluciones habitacionales, por un total de 160 millones de pesos, de los cuales el organismo desembolsó un anticipo de 48 millones. Una inspección ocular constató que la obra no se encontraba en el terreno asignado, y ante el reclamo de reintegro, los interventores de la fundación ofrecieron como dación en pago un camión que había sido comprado meses antes con otro aporte no reintegrable del mismo IAFEP.

Sabadini encuadra la conducta en el artículo 303, inciso 1, del Código Penal, agravado por habitualidad conforme al inciso 2, apartado a), y solicita la elevación a juicio oral y público de ambos como coautores. El delito de lavado de activos es autónomo respecto del delito precedente, por lo que no se necesita una condena previa.

El expediente tuvo un primer procesamiento en diciembre de 2024, revocado por la Cámara Federal de Apelaciones a pedido de la propia fiscalía. Un nuevo procesamiento, dictado en junio de 2025, fue confirmado en agosto de ese año, allanando el camino hacia el juicio que ahora tiene fecha fijada para mediados de 2027.