El juicio por los certificados médicos truchos de Río Negro quedó en el aire: dónde quieren que se haga

La causa por los certificados médicos presuntamente falsos que habrían presentado más de cien empleados públicos de Río Negro sumó este jueves un nuevo capítulo, y otra vez el eje pasó por dónde debe tramitarse el expediente. El juez de Garantías Adrián Dvorzak encabezó la audiencia en la que las defensas volvieron a cuestionar la competencia de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma, para llevar adelante el caso.

La acusación está en manos del fiscal Juan Peralta y su adjunto Francisco Marano, mientras que Federico Rosbaco actúa como querellante por la Fiscalía de Estado de la provincia.

Quiénes se sentaron en la audiencia

En esta oportunidad estuvieron imputados Claudia Elisandro y Aldo Paez, defendidos por Diego Broggini; y Viviana Solís, Cristina Sueldo, Emanuel Valeria e Isaías Escobar, con la defensa de Silvio Garrido y Santiago Silva.

La audiencia se había habilitado para la presentación de planteos de excepciones procesales y, tal como había ocurrido el miércoles, las defensas insistieron con la incompetencia de Viedma. Para Silva, sus defendidos deben ser juzgados en Roca y Cipolletti, «lugar donde se cometieron los supuestos hechos».

Garrido adhirió en términos similares, mientras que Broggini sostuvo que «el principal argumento pasa por la necesidad de asegurar -con intensidad y eficacia- el ejercicio del derecho de defensa» y apuntó que con esta causa se busca «un impacto mediático, más que la búsqueda de justicia».

La respuesta de la fiscalía

Del otro lado, el fiscal pidió el rechazo «a la cuestión planteada», citó antecedentes del Tribunal de Impugnación de la provincia y marcó que «los efectos no se dieran en los lugares donde se presentó cada certificado», sino que impactaron sobre «las arcas» provinciales.

Peralta recordó que la investigación se inició en 2024, que ya se realizaron varias audiencias y que se reunió una «numerosa colección de información». En ese sentido advirtió que «reenviar la investigación en el estado en la que está a las otras circunscripciones causaría un retardo patente».

Rosbaco sumó que «la virtualidad no es un estorbo en este expediente», aclaró que la causa «no tiene un afán mediático sino el resguardo de los fondos públicos» y remarcó que los imputados no solo habrían defraudado con dinero, sino también «en la prestación del servicio público».

Qué viene ahora

Cumplidos los planteos, el juez Dvorzak recordó que quedan otras siete audiencias por delante, con diferentes imputados, que finalizarán el 9 de octubre. Para el 13 de octubre fijó la definición sobre todos los planteos presentados por las partes y, si corresponde, el paso a la formulación de cargos.