El juicio por los terrenos de Oro Verde arrancó y se frenó en una sola audiencia

El juicio oral contra Norma y Ricardo Migueles, acusados por presuntas estafas en la venta de terrenos en Oro Verde, quedó suspendido de forma provisoria a un día de su inicio. El juez Rafael Cotorruelo resolvió clausurar el debate y ordenó que la Fiscalía reformule los hechos imputados, aunque rechazó el pedido de prescripción que había planteado la defensa.

La abogada Marina Hundt, quien representa a los hermanos junto a Nelson Schlotthauer, explicó a Elonce los motivos del planteo que derivó en la interrupción. Según dijo, la defensa presentó dos cuestiones preliminares antes de que comenzara el debate: una vinculada a la prescripción de algunos hechos y otra a la nulidad de las imputaciones.

Una acusación con 28 hechos y un ardid que, según la defensa, no estaba explicado

El eje del cuestionamiento fue la descripción de las conductas atribuidas a los acusados. Hundt sostuvo que los 28 hechos fueron redactados de manera casi idéntica y que la acusación nunca precisó cuál habría sido el engaño utilizado en cada operación.

“Son 28 hechos diferentes que se imputan a las dos personas. Entendíamos que estaban formulados de la misma manera, diciendo que la señora Migueles y su hermano habían vendido sin ser dueños o propietarios. Para nosotros faltaba explicar el ardid, la modalidad. No había un detalle circunstanciado de la imputación”, afirmó la letrada.

En el derecho penal, el delito de estafa exige un engaño idóneo que induzca a error a la víctima y la lleve a una disposición patrimonial perjudicial. Por eso la defensa consideró imprescindible que se detallara cómo habría operado esa maniobra en cada caso concreto.

“Lo que planteamos estaba apuntado a que no se explicaba cuál era el ardid necesario para llegar a un delito de estafa. Es un delito muy importante y una acusación muy importante también. No podíamos dejar de mencionar esa cuestión y pedir la nulidad”, remarcó Hundt.

Qué resolvió el juez Cotorruelo

Después de un cuarto intermedio, las partes volvieron a la sala y escucharon la decisión del magistrado. “El juez Cotorruelo rechazó la prescripción, pero dispuso clausurar el debate y pedirle a la Oficina de Gestión de Audiencias que fije una nueva fecha para que la Fiscalía pueda reformular los hechos imputados. Después evaluaremos una nueva defensa sobre la base de esas acusaciones”, detalló la abogada.

La medida se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal y los querellantes aceptaran la posibilidad de precisar los cargos. La Fiscalía había defendido la claridad de su acusación original, pero accedió a reformularla para evitar nulidades y resguardar las garantías del proceso.

La postura de fondo: un incumplimiento civil, no un delito

Más allá de las objeciones procesales, Hundt anticipó la interpretación que sostendrá la defensa durante el juicio. Aunque evitó revelar por completo la estrategia, afirmó que los hechos encuadran en incumplimientos de obligaciones contractuales y no en una defraudación penal.

“Tenemos nuestra propia mirada, que explicamos un poco en el alegato de apertura. Tiene que ver con que pudo haber algún incumplimiento civil, un incumplimiento de obligaciones, un mal negocio inmobiliario, pero que no tiene que ver con un delito de estafa o con una defraudación”, manifestó.

Para la letrada, el conflicto debió canalizarse por la vía civil y no por la penal, a la que describió como la última instancia del sistema. “Entendemos que es un conflicto que debía resolverse por la vía civil, pero no por la vía penal, que es la última ratio. De principio, podría decirte que nosotros entendemos que es un incumplimiento civil, pero no un delito de estafa”, insistió.

Las operaciones que están bajo la lupa

Según la investigación, entre 2012 y 2019 los hermanos Migueles habrían ofrecido y vendido terrenos con distintas modalidades de pago, a valores que rondaban los 10.000 dólares por lote. La acusación sostiene que las operaciones no terminaron con la entrega de la posesión ni con las escrituras correspondientes.

La hipótesis de los acusadores indica además que algunos terrenos no existían en las condiciones ofrecidas o carecían de los requisitos legales para su comercialización. De ahí surgieron las denuncias de compradores que aseguraron haber pagado sin recibir nunca las propiedades.

Consultada sobre esas explicaciones, Hundt atribuyó las dificultades a la intervención de terceros y a demoras administrativas. “Hubo deficiencias en un mal negocio inmobiliario, en un negocio que dependía también de la intervención de terceras personas y de autorizaciones municipales que demoraron años en poder realizarse. De ahí viene la cuestión, pero vuelvo a repetir que se trata de un incumplimiento de la rama civil”, expresó.

La abogada no precisó responsabilidades de esas terceras personas ni identificó las autorizaciones demoradas. Su explicación forma parte de la posición defensiva y no constituye una conclusión judicial sobre lo ocurrido.

El pedido de prescripción que no prosperó

Otro de los puntos salientes de la audiencia fue el planteo de prescripción de la defensa, que buscaba extinguir la acción penal sobre determinados hechos por el tiempo transcurrido desde las operaciones investigadas.

Cotorruelo lo rechazó al considerar que ninguno de los hechos imputados está prescripto. Explicó que el auto de remisión a juicio, dictado el 26 de marzo de 2024, interrumpió el curso de la prescripción conforme al criterio de la Sala Penal. Desde esa fecha, señaló, no transcurrió el plazo máximo de seis años previsto para el delito de estafa, por lo que la acción penal sigue vigente.

Los defensores dejaron asentada una reserva de derechos para volver a discutir la cuestión en instancias superiores. El rechazo no modificó la continuidad de la causa, aunque la clausura provisoria obligó a reorganizar las próximas etapas.

Qué pasa con la situación judicial de los acusados

Hundt aclaró que la resolución no equivale a una absolución ni altera la condición procesal de sus defendidos. Los hermanos Migueles siguen imputados y deberán enfrentar el debate cuando se fije una nueva fecha.

“Los hermanos Migueles van a continuar con la misma situación judicial. Están imputados, pero eso no se modifica hasta que haya un debate y eventualmente surja una condena o una absolución”, precisó.

El juez, por su parte, aclaró que mantendrá su intervención en la causa porque todavía no se inició la recepción de pruebas ni tomó contacto con el material probatorio. También consideró necesario cerrar provisoriamente el debate para no exceder el límite de diez días de suspensión que fija el artículo 420 del Código Procesal Penal.

Cuándo podría retomarse el juicio

La Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar una nueva fecha para que la Fiscalía comunique formalmente las imputaciones reformuladas. De manera preliminar, se contempló la posibilidad de que esa instancia se concrete en los primeros días de diciembre.

“Se podría estimar que recién se fije alguna fecha para diciembre, teniendo en cuenta la agenda que ya está establecida de otros debates y audiencias”, indicó Hundt.

La abogada adelantó que, una vez conocidas las nuevas formulaciones, necesitarán tiempo para analizarlas y redefinir la estrategia. “En principio tenemos que escuchar cuáles van a ser las nuevas imputaciones o las reformulaciones que se hagan. Vamos a necesitar tiempo para estudiar otra vez una defensa sobre la base de esos nuevos hechos”, señaló. Y agregó que podrían pedir un plazo para incorporar pruebas vinculadas con los cambios que introduzca la acusación.

El proceso queda así pendiente de una nueva audiencia y de la reformulación de los cargos. La determinación sobre la existencia de delitos y la eventual responsabilidad de los acusados quedará sujeta al desarrollo del juicio y a la valoración de las pruebas.

La mirada de la querella sobre los escribanos

En abril de 2025, uno de los abogados querellantes, Sergio Pacher, había cuestionado en el programa Códigos el rol de los escribanos que intervinieron en las operaciones, ninguno de los cuales fue imputado en la causa.

“Los escribanos, a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”, había dicho el letrado. En esa oportunidad recordó que pidió “la imputación de la escribana que firmó en el caso de mi defendida, pero no se me hizo lugar”.

Pacher también había reclamado conocer el destino del dinero. “Queremos saber dónde está todo el dinero, porque la señora Migueles no tiene ni un alfiler. Es mucho el dinero recaudado, si uno lo pone al dinero de hoy es mucho dinero recaudado. Queremos que reponga el dinero con creces. Los damnificados son de Paraná y alrededores”, había reiterado.