El juicio por YPF no terminó: la maniobra legal que los fondos buitre preparan en secreto
Tras el fallo a favor de la Argentina, los fondos buitre no se rinden. ¿Cuáles son los próximos y complejos movimientos legales que preparan en secreto para seguir litigando? Te contamos la estrategia que podría prolongar el juicio por YPF hasta 2027.
La batalla judicial por la expropiación de YPF dio un giro inesperado, pero el conflicto está lejos de terminar. Los fondos litigantes, financiados por Burford Capital, ya delinean una estrategia para intentar revertir el fallo favorable a la Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El Gobierno nacional sigue de cerca cada movimiento, consciente de que los próximos pasos podrían prolongar esta causa por más de un año.
Tras la decisión del tribunal neoyorquino, el escenario cambió, pero no se cerró. Los fondos Petersen y Eton Park, respaldados por el gigante de litigios Burford, anunciaron que avanzarán con nuevas acciones legales. La pulseada por miles de millones de dólares entra ahora en una fase técnica y estratégica, donde cada recurso cuenta.
¿Cuál es el primer movimiento que planean los fondos?
La opción más inmediata sobre la mesa es un recurso excepcional conocido como hearing en banc. Se trata de un pedido de revisión ante la totalidad de los jueces de la Cámara de Apelaciones, una instancia que rara vez es aceptada por los magistrados. Según los plazos procesales, esta presentación debería concretarse en un lapso de 14 días.
“Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors. Desde el Gobierno argentino consideran que esta es la vía más probable que tomará Burford en lo inmediato. La respuesta del tribunal a este pedido podría demorar entre 20 y 45 días.
¿Y si ese recurso falla? El camino hacia la Corte Suprema
Si el pedido ante la Cámara es rechazado, la batalla escalaría al máximo tribunal estadounidense. La siguiente posibilidad sería que los fondos demandantes acudan a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, llegar hasta esa instancia no es automático.
Requiere un pedido de revisión, conocido como certiorari, que el máximo tribunal acepta solo en situaciones de relevancia excepcional. El calendario judicial agrega otro condimento: la Corte entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad en octubre.
Si la presentación se realiza antes de esa fecha, una respuesta podría conocerse en diciembre. En caso de rechazo, se agotarían las vías legales en EE.UU. Pero si el tribunal decide intervenir, el proceso podría extenderse hasta una definición en julio de 2027.
Un frente paralelo: la amenaza del CIADI
Existe una alternativa que puede activarse en paralelo, sin necesidad de esperar los resultados de las apelaciones en suelo norteamericano: recurrir al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta movida permitiría abrir un nuevo frente internacional en el reclamo contra la Argentina, complejizando aún más el panorama.
Mientras tanto, en los despachos oficiales de la Casa Rosada la lectura es cautelosamente optimista. Sostienen que el escenario cambió de manera significativa tras el fallo de la Cámara y que las chances de que prospere una nueva apelación son limitadas.
“No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%. Ahora se invirtió el marco de posibilidades y hay muy pocas chances de que les tomen una apelación. Nos estamos preparando igualmente para todos los escenarios”, resumieron fuentes oficiales a TN.
Los equipos jurídicos del Gobierno no descartan que una eventual nueva instancia implique otra vez presentaciones de escritos, aunque remarcan que no cambiarán el eje de la defensa. Los argumentos que prometen sostener son los mismos que recogió la mayoría de la Cámara.
El primero es que los reclamos de daños por incumplimiento contractual de los accionistas contra la Argentina no son admisibles bajo el derecho argentino. El segundo es que, aun si se asumiera la existencia de una obligación derivada del estatuto de YPF, esos reclamos igual quedan desplazados por el derecho público argentino que regula la expropiación.
La pulseada legal, que lleva más de una década, demostró que un fallo favorable no es sinónimo de un final. Los próximos meses serán clave para definir si este capítulo judicial se acerca a su cierre o si se extiende en el tiempo con nuevas y costosas batallas.