El juicio que podría sacudir a Camioneros: la fecha clave para ocho dirigentes sindicales

La etapa preliminar de un caso por extorsión y turbación de la propiedad que involucra a dirigentes de Camioneros está por comenzar. Ocho imputados, entre ellos dos ex concejales, enfrentan una audiencia crucial que definirá si van a juicio oral por los hechos ocurridos durante un conflicto en una planta de San Pedro.

Los acusados son Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Todos fueron notificados y tienen un plazo de 10 días para presentar pruebas o recusar al tribunal que llevará la causa.

Si no hay planteos que modifiquen el curso del proceso, el juicio oral está programado para comenzar el próximo 16 de abril a las 11.00. La sede será el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

¿Qué pruebas reunió la fiscalía?

La investigación, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, acumuló un voluminoso cuerpo de evidencias a lo largo de los últimos años. Entre los elementos clave se encuentran actas de inspección ocular y desgrabaciones de audios de WhatsApp.

También forman parte de la prueba informes basados en videos periodísticos, registros de transferencias bancarias y cheques. La fiscalía incorporó 16 CDs con intervenciones telefónicas autorizadas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios dispositivos con archivos de audio.

Los delitos por los que deberán responder son turbación de la posesión, coacción y extorsión, tanto consumada como en grado de tentativa. La acusación los señala como coautores de estos hechos.

El conflicto que desató la causa

Todo comenzó en enero de 2021 y se intensificó al mes siguiente. Manifestantes del sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro. Durante varios días, impidieron el ingreso y la salida de mercadería.

El reclamo de fondo era una supuesta deuda sindical. Según la investigación de la fiscalía, una casilla rodante instalada en el acceso funcionó como base de operaciones. Desde allí, se alega, Maximiliano Cabaleyro impartía órdenes.

En el lugar también se registró la presencia de trabajadores y vehículos pertenecientes a otras empresas de la zona. La medida de fuerza generó un conflicto de gran repercusión local.

Un caso con peso político

Este expediente marcó un antecedente inédito en la región, no solo por su avance judicial sino por el perfil de los implicados. En el momento de los hechos, Maximiliano Cabaleyro se desempeñaba como concejal en San Nicolás.

Por su parte, Fernando Espíndola ocupaba el cargo de concejal suplente en San Pedro. La situación llevó a que ambos estuvieran detenidos en el penal de San Nicolás en una etapa inicial de la causa.

Posteriormente, ambos accedieron al arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una medida que se mantiene hasta la actualidad mientras avanza el proceso judicial.

Repercusión mediática y legal

El caso también tuvo un capítulo polémico en el ámbito periodístico. Durante la cobertura de los hechos, la directora de LANOTICIA1.COM, Lilí Berardi, sufrió agresiones físicas y verbales.

Estos incidentes ocurrieron tanto en el lugar del bloqueo como en instancias judiciales vinculadas al mismo expediente. El conflicto generó una amplia cobertura en los medios locales y provinciales.

Del lado de la empresa afectada, la familia Rey contó con el patrocinio de las abogadas Florencia Arietto y Cyntia Soledad Liwski. Su acción se enmarcó en las iniciativas del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), una organización que reúne a compañías perjudicadas por este tipo de medidas de fuerza.

Ahora, todo se define en la audiencia preliminar. Esta instancia representa la última oportunidad para explorar salidas alternativas al juicio. Si no hay acuerdos, el proceso avanzará irrevocablemente hacia el debate oral, donde un tribunal determinará la responsabilidad penal de los ocho imputados.