El jurado escuchó todo durante tres años, pero el veredicto por la balacera en el acto sindical los dejó mudos

El jurado popular de Córdoba absolvió por unanimidad a Gustavo Omar Herrera, hermanastro de la víctima fatal, tras un juicio que la fiscalía pedía cerrar con prisión perpetua. La decisión se conoció este viernes y descolocó a la acusación, que había reclamado la pena máxima para el único imputado que llegó a debate por el crimen de Gabriela Pérez, ocurrido durante un almuerzo del gremio de limpieza Soelsac.

Herrera estaba acusado de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y de homicidio criminis causae en grado de tentativa. Antes de que los jurados se retiraran a deliberar, el hombre había pedido: “Solo quiero que se haga justicia, que se sepa la verdad y que mi nombre y el de mi familia deje de estar en ese lugar tan horrible en el que lo están poniendo”.

El veredicto unánime contrastó con el pedido de los fiscales Laura Battistelli, Marcelo Sicardi y Silvana Fernández, que habían solicitado prisión perpetua para Herrera y 10 años y 10 meses para Walter Vallejos, acusado como partícipe secundario. Vallejos, que finalmente recibió una condena de 8 años, declaró ante el tribunal: “Yo sé que hice lo que tenía que hacer: llamar a mi abogado y venir a Tribunales”.

Un almuerzo que terminó en balacera

El ataque ocurrió el 9 de septiembre de 2023 a las 14.40, en pleno almuerzo sindical del Soelsac, el gremio que nuclea a los trabajadores de limpieza de Córdoba. Según la investigación, la noche anterior Hugo Cardozo —colaborador del dirigente gremial Sergio Fittipaldi e integrante de “La Fiel”, la barra brava de Talleres— recibió un llamado para que dejara de apoyar a Fittipaldi. Del otro lado de la línea, alguien que se habría identificado como “Gómez” le habría encargado el ataque a balazos.

Al mediodía del sábado, el atacante bajó de un auto con una pistola 9 milímetros y se apostó detrás de un vehículo estacionado frente al ingreso del club Yapeyú, donde se desarrollaba el almuerzo. Disparó primero contra Fuentes, que lo habría reconocido, y después hacia el interior del lugar. Uno de los proyectiles impactó en Gabriela Pérez y le provocó la muerte.

El llanto de una madre y la defensa que apuntó a los rumores

Liliana Pérez, madre de la víctima y del acusado, no pudo contener el llanto al escuchar la absolución. Otra de sus hijas, que la acompañaba, expresó: “Tres años juzgaron a mi familia. Vivimos un calvario”. Y apuntó contra la fiscal Fernández: “Dijo que nosotros no teníamos corazón, que fingíamos demencia. Por qué lo dijo si ella no estaba en nuestros corazones, nunca estuvo en nuestros corazones”.

El defensor de Herrera, Sebastián Lescano, había reclamado la absolución al sostener que la investigación se basó en “rumores barriales” y que los reconocimientos partieron de un video difundido en medios de comunicación. “La pericia antropométrica arrojó diferencias entre las medidas corporales con las del hombre filmado durante el ataque”, agregó, y remarcó que no existen “pruebas objetivas directas”.

La pelea sindical que sigue sin respuestas

Detrás del crimen hay una disputa entre el Soelsac y el Surrbac, el gremio de los recolectores de residuos. Sin embargo, ningún líder sindical fue alcanzado por la investigación: solo se juzgó la ejecución material del crimen de Pérez, mientras sigue sin esclarecerse qué intereses se movieron por detrás.

Tras confirmarse la muerte de la joven, Franco Saillen, del Surrbac —que en ese entonces acompañaba a una lista de mujeres del Soelsac— manifestó su “indignación por lo que pasó” en el almuerzo y sostuvo que “es moneda corriente en la limpieza este tipo de actos de violencia”.

El Soelsac, por su parte, emitió un comunicado en el que calificó el ataque como un “atentado en contra del secretario general” Fittipaldi que “además, costó la vida de la compañera Gabriela Mónica Pérez”.

Durante el juicio, Fittipaldi apuntó directamente contra la conducción del Surrbac: aseguró que el gremio de recolectores buscaba tomar el control de su sindicato para “expandir negocios de narcotráfico” y manejar a los barrabravas de Talleres y Belgrano. A raíz de esas declaraciones, la fiscal federal subrogante Virginia Carmona lo citó para que ratificara formalmente sus dichos.

En tanto, César Luis Mendoza, otro de los acusados por el ataque, continúa prófugo.