El Jury de San Juan archivó la denuncia contra Tettamanti y dos camaristas: ¿qué pasó?

El Jury de Enjuiciamiento de San Juan desestimó por unanimidad el pedido de destitución presentado por el abogado Nicolás Fiorentino contra la jueza Adriana Tettamanti y los camaristas Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez. La decisión, tomada este jueves, cierra la instancia de enjuiciamiento, pero el conflicto de fondo entre Carpas Argentinas y Puccinellia sigue abierto.

El organismo, integrado por el cortista Marcelo Lima, los abogados Juan Manuel Juárez y Sofía Lloveras, y los diputados Leopoldo Soler y Marcela Quiroga, examinó la denuncia, los informes de los magistrados y las pruebas del expediente. Según fuentes calificadas, no encontraron elementos suficientes para sostener las causales de destitución.

El procedimiento no exige fundamentar el rechazo, aunque trascendió que los integrantes sí expusieron sus argumentos, que aún no fueron difundidos hasta que se notifique formalmente a los denunciados y al abogado.

El origen del conflicto

Todo comenzó con un litigio comercial entre Carpas Argentinas y Puccinellia por una demanda de unos $91 millones, vinculada a la rescisión de un contrato de alquiler de módulos habitacionales. Al notificar la demanda, Carpas Argentinas informó un domicilio en Rawson, donde el oficial notificador dejó la documentación debajo de una piedra en la garita de ingreso del barrio privado Altos de Meglioli.

Puccinellia no contestó la demanda, y Tettamanti dio por decaído su derecho a intervenir. Fiorentino, representante de Puccinellia, cuestionó la validez de la notificación, pidió la nulidad y afirmó que la firma tenía sede en Mendoza y domicilio fiscal en Capital.

Las resoluciones cuestionadas

El 5 de diciembre de 2025, Tettamanti rechazó el planteo de nulidad, sosteniendo que Rawson era el domicilio contractual pactado. Fiorentino apeló, y el 31 de marzo la Sala III de la Cámara Civil, integrada por Pérez y Rodríguez, confirmó la decisión. Ese fallo derivó en la denuncia ante el Jury.

El abogado calificó de “rotundamente falso” que Puccinellia hubiera fijado ese domicilio y denunció una supuesta “complicidad” entre los jueces. Los magistrados rechazaron esas acusaciones en sus descargos.

Los descargos y la denuncia penal

Tettamanti sostuvo que el contrato establecía el barrio Altos de Meglioli como domicilio contractual, designación hecha por el propio Fiorentino y ratificada en 2024. Además, señaló que Puccinellia había recibido cartas documento en ese domicilio sin objeciones.

Pérez mencionó un antecedente en un juicio paralelo por cobro de honorarios en el Juzgado de Paz de Rivadavia, donde Puccinellia fue notificada de la misma manera y contestó la demanda sin nulidades. Rodríguez también remarcó que el contrato establecía ese domicilio para notificaciones válidas.

También se evaluó que Fiorentino había denunciado penalmente a los jueces por prevaricato, pero la presentación fue desestimada por el fiscal interviniente y luego por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales. Rodríguez fue crítico con la actuación del abogado, calificándola de “torpeza” y “negligencia reiterada”, mientras que Pérez cuestionó el uso de expresiones como “complicidad, connivencia y corrupción judicial”.

El Jury archivó el expediente, cerrando esa vía institucional, aunque el conflicto judicial entre las empresas continúa. En paralelo, Fiorentino también presentó un pedido de Juicio Político contra Marcelo Lima, que ya está en la Comisión Investigadora con un plazo de 40 días para dictaminar.