El litio de la Puna quedó en manos de un expediente que sigue en Salta, y desde Catamarca advierten que la defensa de las concesiones que otorgó la Provincia quedó librada a una empresa privada. La dirigente que lo denuncia ya tiene el mecanismo para revertirlo, pero depende de una decisión que todavía no llega.
La exdiputada provincial Silvana Carrizo, referente del espacio Generar, puso el foco en un flanco que considera descuidado: según su lectura, el Estado catamarqueño no se presentó a defender en la Justicia las concesiones mineras que él mismo otorgó en la Puna. La advertencia apunta a un expediente que tramita la Justicia de Salta y que ya pasó por la Corte Suprema de la Nación.
El caso tiene nombre propio y un mapa complicado. En Antofagasta de la Sierra, Catamarca concedió las minas Tati, Tati I y Tati II a Marhen Lithium. Sobre la misma franja, Salta otorgó la mina Tabariogrande a Lithium S Corporation. La superposición derivó en un litigio que terminó con la suspensión de actividades de la firma en el área.
Qué resolvió la Corte y qué no
El máximo tribunal nacional se expidió el 5 de noviembre. Aplicó el criterio de prevención y determinó que la causa siga tramitándose en Salta, ante la ausencia de una delimitación definitiva del límite interprovincial en ese sector de la Puna. Carrizo subrayó que ese fallo no definió a quién pertenece el territorio en disputa: solo estableció qué jurisdicción continúa con el expediente.
El punto que la dirigente marca como más delicado surge del dictamen de la Procuración General de la Nación: de allí no se desprende que Catamarca se haya personado en la causa para resguardar los derechos mineros que concedió. "La defensa de un título minero otorgado por Catamarca, en una zona de límites en disputa, no puede depender de una empresa privada", afirmó.
Las herramientas que ya existen
Para Carrizo, la Provincia contaba con instrumentos legales para intervenir incluso sin notificación judicial. Recordó que el artículo 162 de la Constitución de Catamarca le reconoce al Fiscal de Estado legitimación para actuar en todos los juicios donde se comprometan intereses o derechos provinciales, y que la Ley 1553 extiende esa facultad a cualquier jurisdicción.
También mencionó que, desde la sanción de la Ley 5682, el Ministerio de Minería funciona como Autoridad Minera provincial y tiene responsabilidad directa sobre concesiones y registros a través de la Escribanía de Minas. Con ese marco, pidió saber si el organismo tuvo conocimiento de las actuaciones, si la cautelar quedó asentada y si se le dio intervención a la Fiscalía de Estado.
"No se trata de buscar culpables. Se trata de que la Provincia tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la usa. Todavía está a tiempo", sostuvo la exlegisladora.
Los baches que propone cerrar
Carrizo sostuvo que la normativa provincial tiene huecos: ni la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado ni el Código de Procedimientos Mineros prevén un mecanismo que obligue a la intervención provincial cuando litigios entre privados pueden afectar concesiones catamarqueñas, sobre todo en zonas con límites sin definir.
Por eso impulsa una reforma legislativa con tres ejes: que la Autoridad Minera y la Escribanía de Minas comuniquen de inmediato a la Fiscalía de Estado cualquier medida judicial, en cualquier jurisdicción, que afecte derechos mineros otorgados por Catamarca; que la intervención del organismo sea obligatoria en procesos vinculados a límites interprovinciales aún no definidos; y que se cree un registro público de los derechos mineros catamarqueños en esas franjas, con las superposiciones incluidas.
En el corto plazo, reclamó que el Ministerio de Minería informe si recibió comunicaciones del Juzgado de Minas de Salta, si la medida se incorporó a los registros provinciales, si la empresa titular notificó el conflicto y si se dio intervención a los organismos competentes. Además, pidió que la Fiscalía de Estado se presente en la causa y deje asentado que lo que se resuelva no puede condicionar la futura delimitación territorial ni ser oponible a Catamarca fuera de las partes.
Del expediente al Congreso
En su análisis jurídico, la dirigente recordó que los actos públicos provinciales, entre ellos el otorgamiento y registro de concesiones, tienen el reconocimiento del artículo 7 de la Constitución Nacional, y que el artículo 124 les reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios.
Pero la solución de fondo, a su criterio, pasa por definir el límite entre Catamarca y Salta, atribución exclusiva del Congreso de la Nación según el artículo 75, inciso 15, de la Constitución. Por eso convocó a diputados y senadores nacionales por Catamarca, de todos los espacios, a trabajar para fijar el límite interprovincial.
"Esto no es una causa de un partido, es el territorio de Catamarca y el litio de los catamarqueños. La Provincia tiene argumentos históricos y jurídicos sólidos, desde el decreto de 1904 y el Decreto 9375/1943. Lo que falta es decisión para defenderlos en cada expediente y para conseguir la ley", cerró.