El lunes clave que puede destrabar (o incendiar) el conflicto entre Santa Cruz y la minera Newmont

La pulseada entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera Newmont llega a un punto que puede cambiarlo todo. Este lunes, autoridades provinciales y representantes de la compañía podrían sentarse a negociar en medio de la crisis desatada por las inspecciones de seguridad e higiene en el yacimiento Cerro Negro.

Según pudo saber La Opinión Austral, no se descarta que el gobernador Claudio Vidal se sume al encuentro. La reunión —si finalmente se concreta— sería la primera señal de distensión después de una semana de máxima tensión, con la operación interrumpida y cientos de trabajadores desmovilizados.

Inspecciones, cianuro y seis ceses de tareas

Todo empezó la semana pasada. El Ministerio de Trabajo, junto con el de Seguridad, avanzó con un operativo de fiscalización en Cerro Negro que necesitó de la Policía provincial y una orden judicial para que los funcionarios pudieran ingresar al yacimiento.

La Provincia informó que se detectaron irregularidades y se dispusieron seis ceses de tareas. Entre los hallazgos se mencionó un derrame de cianuro y observaciones sobre vehículos y condiciones de seguridad. También se frenaron las actividades en un sector bajo mina, una medida que el Gobierno vinculó con la necesidad de evitar nuevos accidentes en una operación donde ya hubo una tragedia con dos trabajadores fallecidos.

El secretario de Trabajo, Javier Aravena, fue durísimo: “Son altamente deficientes, con un potencial riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores”, afirmó. Y agregó: “Aquí hubo una tragedia, dos santacruceños perdieron la vida y nosotros eso no lo queremos permitir. No lo vamos a permitir”.

Aravena adelantó que los controles seguirán y no descartó una clausura total: “Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno”, respondió.

Newmont paró todo y desmovilizó a su personal

La reacción de la minera fue inmediata. A través de comunicaciones internas, Newmont informó que las restricciones derivadas de las inspecciones le impedían sostener las tareas con normalidad y dispuso la interrupción de las labores.

La empresa señaló que las medidas “generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación” y que quedaron afectados “el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos”. En ese marco, advirtió: “Resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo”.

La desmovilización no tardó en llegar. Durante la noche del sábado salieron trabajadores hacia Perito Moreno, Posadas, Intermedias, Antiguos, Sudoeste y Deseado, y también había partidas previstas hacia Este Dos, Este y Apt Comodoro. Para la madrugada del domingo quedaron programados los viajes a San Julián y Río Gallegos.

En un mensaje interno, la compañía aseguró que “continuará colaborando con las autoridades competentes, actuando con responsabilidad, transparencia y en línea con los estándares que guían nuestra operación”. Pero también cuestionó situaciones ocurridas durante las fiscalizaciones y advirtió por el impacto en la producción: “Esta situación afecta directamente las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para este mes y para el trimestre”.

Más aún: según pudo saber La Opinión Austral, Newmont no descarta avanzar con acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado.

El conflicto ya llegó a la Embajada de Estados Unidos

La pelea no quedó encapsulada en Santa Cruz. Según pudo saber este medio, la situación generó fuerte repercusión y llegó hasta la Embajada de Estados Unidos, desde donde se habría hecho saber al Gobierno nacional el descontento por el trato recibido por la empresa durante el conflicto.

El dato no es menor: Newmont es de origen estadounidense y tiene un peso decisivo en el esquema minero santacruceño. El escenario también es seguido de cerca por autoridades nacionales, empresarios y cámaras del sector. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) conocen la situación, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, también fue informado.

Gremios en alerta y respaldo a las inspecciones

Los sindicatos mineros reaccionaron con rapidez. Las seccionales santacruceñas de AOMA y ASIMRA respaldaron las inspecciones del Gobierno provincial y remarcaron que la seguridad y la salud de los trabajadores deben ser prioridad.

AOMA Santa Cruz se declaró en estado de alerta y acompañó el accionar de la autoridad de aplicación. ASIMRA, por su parte, manifestó su preocupación por las observaciones en Cerro Negro y ratificó su compromiso con la prevención laboral y con cualquier medida destinada a resguardar la integridad de los trabajadores.

También la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Petrolero, Minero, Energético, Ambiental e Industrial de Santa Cruz (CAPPEMA) apoyó públicamente las inspecciones del Estado provincial.

Una semana decisiva

El conflicto no es nuevo. Durante los últimos meses hubo cruces y procedimientos de fiscalización, incluido un operativo en mayo y otro que profundizó las tensiones en las últimas jornadas. Ahora, con Cerro Negro paralizado, trabajadores desmovilizados, gremios en alerta y la preocupación instalada en el ámbito diplomático, la reunión de este lunes aparece como la gran oportunidad para encontrar un punto de entendimiento.

El objetivo: garantizar las condiciones de seguridad que exige la Provincia y, al mismo tiempo, avanzar hacia la normalización de las operaciones. Por ahora, el interrogante es si el encuentro finalmente se concreta y si puede ser el primer paso para destrabar una crisis que tiene en vilo a la minería santacruceña.