El macabro crimen de La Chacarita: 47 puñaladas, un caño en la cabeza y la remera con un mensaje enigmático

La provincia aún no sale del shock por el brutal asesinato de Norma Beatriz Tula (63), ocurrido hace casi un mes en barrio La Chacarita. El nivel de violencia empleado por su propio hijo, Marcelo Joaquín Tula (22), estremece por la saña y el ensañamiento. La reconstrucción del hecho revela detalles escalofriantes que recién ahora salen a la luz.

Según la investigación, el crimen se produjo el 19 de julio entre las 13 y las 14, en la vivienda que madre e hijo compartían en calle Carlos de la Vega. Todo comenzó con una discusión que derivó en un forcejeo en una de las habitaciones, utilizada como depósito.

¿Cómo fue el ataque?

En ese lugar, el joven logró reducir a su madre y la dejó tirada en el piso. Luego, con un cuchillo tipo Tramontina, le asestó 23 puntazos en la cara y los hombros, más 24 puñaladas en el cuello, según consta en el expediente.

Pero la furia no se detuvo ahí. La Fiscalía sostiene que el agresor continuó atacando el cuerpo ya sin vida de Norma: le introdujo un caño metálico en la boca, un palo de escoba en el recto y otro caño en la cabeza.

La escena que dejó helada a la policía

Tras la violencia extrema, Marcelo Joaquín se lavó las manos en el baño, se quitó la campera, la dejó colgada en una silla y escapó. Su destino fue la Catedral Basílica, en pleno centro de la ciudad. Desde allí, le envió un mensaje por WhatsApp a un conocido para que lo fuera a buscar.

Ese día, el joven vestía una remera blanca con letras rojas que decía “Strange sense”, una frase en inglés que se traduce como “extraña sensación” o “extraño sentido”. Un detalle que, para los investigadores, podría tener un significado más profundo.

Para la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, el acusado actuó con claras intenciones de matar, pero “de una forma cruel y desalmada”.

Las pericias que definirán su futuro

Ahora, Tula deberá someterse a una evaluación interdisciplinaria clave para determinar si es imputable. La fiscal ordenó una junta de especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) –psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos– para evaluar su salud mental.

La medida se tomó después de que se cumplieran los 14 días establecidos tras una primera evaluación, en la que se recomendó diferir la pericia porque el imputado no estaba en condiciones de afrontarla. Mientras tanto, permanece internado en el área de Salud Mental del Hospital Interzonal San Juan Bautista.

El abogado querellante, Diego Quinteros Martínez, explicó que la pericia integral deberá aportar “elementos técnicos objetivos” y aclaró que la aptitud para participar en la junta no implica una conclusión sobre su capacidad de comprender el acto al momento del hecho.

Marcelo Joaquín Tula está imputado por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento”, un delito que prevé prisión perpetua como única pena.