El magnate que pasó de codearse con la élite china a enfrentar una sentencia demoledora

La justicia china puso fin a la historia de uno de los empresarios más poderosos del país. Hui Ka Yan, fundador del gigante inmobiliario Evergrande, fue condenado a cadena perpetua por un fraude millonario que estremeció los cimientos del sistema financiero.

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen no solo lo sentenció a prisión de por vida, sino que también ordenó la confiscación de todos sus bienes personales. Además, lo despojó de sus derechos políticos de manera permanente.

¿Qué delitos se le imputaron?

Entre 2016 y 2021, Hui y la empresa participaron en un fraude financiero a gran escala. Los cargos incluyen malversación de fondos, fraude en la recaudación de fondos y captación ilegal de depósitos públicos, según informó el propio tribunal en redes sociales.

El magnate, que en abril se declaró culpable, permaneció impasible durante la lectura de la sentencia. Vestido con una camisa azul marino y flanqueado por dos policías, mostró un aspecto muy distinto al de sus años de gloria: su cabello, antes negro azabache, ahora lucía completamente blanco.

La condena también alcanzó a la empresa. Evergrande Group y su filial Evergrande Real Estate Group deberán pagar una multa combinada de 2,3 millones de dólares.

El colapso que sacudió a China

Evergrande llegó a ser el desarrollador inmobiliario de más rápido crecimiento en el país. Su caída en 2021, con una deuda superior a los 300.000 millones de dólares, puso al límite al sistema financiero chino y destapó una vulnerabilidad clave: la enorme dependencia de la economía de los bienes raíces.

La crisis no fue un accidente. El tribunal determinó que las acciones de Hui y de la compañía "alteraron gravemente el orden económico del mercado socialista". En su comunicado, los jueces fueron contundentes: "La cantidad involucrada en el delito es excepcionalmente grande, las circunstancias son particularmente atroces, se han causado pérdidas económicas excepcionalmente cuantiosas y el daño a la sociedad es extremadamente grave".

El origen de Evergrande se remonta a 1996, cuando Hui la fundó en el sur de China, en pleno proceso de urbanización masiva. Supo capitalizar esa transformación y expandió su imperio hasta incluir un equipo de fútbol y una empresa de vehículos eléctricos.

¿Qué pasó con la burbuja inmobiliaria?

Hacia 2020, el gobierno de Beijing ya veía con preocupación que el boom inmobiliario, el más grande que el mundo haya presenciado, representaba una amenaza para la estabilidad financiera. Las empresas se habían endeudado enormemente con gobiernos locales, bancos y otros acreedores para sostener su expansión.

Para enfriar el mercado, se impusieron restricciones al endeudamiento. Para Evergrande, que vivía del flujo constante de efectivo, esas medidas fueron un golpe letal.

Cuando la empresa quebró, los compradores de viviendas salieron a protestar a las calles en varias ciudades. Pero la compañía ya arrastraba años de prácticas contables cuestionables y deudas impagables.

La crisis de liquidez fue tan profunda que Evergrande llegó a presionar a sus propios empleados para que aportaran dinero en préstamos a corto plazo. Meses después del impago, los bancos incautaron 2000 millones de dólares.

Una investigación interna reveló que, a fines de 2020, los ejecutivos habían diseñado un esquema para eludir las restricciones de endeudamiento: terceros obtenían préstamos usando como garantía filiales de la empresa. Esas maniobras sellaron el destino de Hui y de otros directivos.

La caída de Evergrande desató una ola de impagos y una recesión inmobiliaria que todavía golpea la economía china. Para millones de familias, los departamentos no eran solo un hogar, sino una inversión segura. Esa apuesta se derrumbó con la misma velocidad con la que se había construido el imperio.

En un hecho adicional, el tribunal de Hong Kong ya había ordenado la liquidación de Evergrande en 2024. En la misma jornada del jueves, otros 56 implicados, incluidos los dos hijos de Hui, recibieron penas de entre 22 meses y 18 años de prisión.