El malestar oculto de los empresarios con la reforma laboral que ellos mismos pidieron

La reforma laboral impulsada por el Gobierno generó un efecto inesperado: ahora son los propios empresarios quienes cuestionan la norma, al punto de que anticipan una ola de amparos judiciales. La Unión Industrial Argentina (UIA) admitió en una reunión privada que la reglamentación terminó complicando las negociaciones paritarias, y el malestar se extiende a otras cámaras.

¿Qué dijeron en la UIA?

En un encuentro a puertas cerradas de la Junta Directiva de la UIA, realizado hace un mes, el abogado Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la entidad, lanzó una frase que sintetiza el descontento: “Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.

La mesa estaba repleta de empresarios, asesores y letrados que asintieron. La lectura generalizada fue que la reglamentación, que buscaba inclinar la cancha a favor del sector patronal, debilitar a los sindicatos y atomizar las representaciones, solo logró paralizar las conversaciones y poner en alerta a una dirigencia gremial con la que tenían una relación de décadas.

¿Quién es Juan José Etala?

Etala no es un asesor más. Representa un ala particularmente hostil hacia los gremios y es reconocido en toda la entidad fabril. Lidera el estudio jurídico Salvat, Etala & Saraví y fue una figura clave durante el gobierno de Mauricio Macri, con quien compartió el secundario en el colegio Cardenal Newman. En esa administración se desempeñó como abogado de la agencia Télam, resistiendo un intento de vaciamiento, y fue señalado como operador senior del oficialismo ante la Justicia laboral.

Con esos antecedentes, su crítica a la reforma laboral resulta aún más llamativa.

El decreto que encendió las alarmas

La queja de Etala se centró en el decreto 407/26, de mayo pasado, que reglamentó de forma restrictiva los “aportes solidarios”, pagos extraordinarios y cuotas que gremios y patronales pueden pactar en cada negociación. La norma, inspirada por Federico Sturzenegger, limitaba al 0,5% de la nómina salarial el aporte para una cámara empresaria y al 2% para un sindicato u obra social.

Dos meses después, la presión de la CGT logró que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitieran el decreto 612, que suavizó la norma anterior. Sin embargo, en las cámaras empresarias admiten que siguen siendo los mayores perjudicados.

El corazón del problema

Etala explicó que durante décadas funcionó en Argentina un mecanismo paritario basado en conveniencias mutuas, con estímulos extrasalariales que permitían una administración más discrecional por parte de los dirigentes gremiales. La salida de escena de esas herramientas, que Sturzenegger llama “curros” o “kioscos”, atenta contra una dinámica que construía paz social.

Amparos en camino

Tal como adelantó El Destape, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) llegaron a la misma conclusión tras el embate del ministro de Desregulación contra el Instituto de Capacitación (Inacap), que coadministran y cuyo financiamiento pactan en cada paritaria con la Federación de Comercio (Faecys), de Armando Cavalieri. Ambas cámaras esperan el momento para presentar un amparo contra la reforma, pese a haber sido de las mayores promotoras públicas de la norma. Otras gremiales empresarias, incluidas las que escucharon a Etala en la UIA, seguirían el mismo camino.