El Manantial: la batalla judicial por una calle que podría terminar en un barrio privado

La disputa por una traza vial en El Manantial llegó a la Corte Suprema de Tucumán. Un grupo de vecinos presentó un amparo colectivo para frenar la desafectación de un camino público que, según denuncian, solo beneficiaría a un desarrollo inmobiliario del grupo Lucci.

Marcela Heredia y Enrique González, con el patrocinio del abogado Gabriel Sabaté, cuestionan la constitucionalidad de las leyes 9.992 y 9.994. Estas normas habilitaron la eliminación de una reserva vial de unos 650 metros de largo por 10 de ancho, ubicada de forma perpendicular a la avenida Vicente Lucci, en terrenos de Citrusvil S.A. donde se proyecta un barrio privado.

¿Qué piden los vecinos?

Además de la declaración de inconstitucionalidad, solicitaron una medida cautelar urgente para suspender los efectos de las leyes mientras se resuelve la causa. También piden que se prohíba transferir, escriturar, subdividir, cercar, ocupar, urbanizar o modificar el terreno, porque una eventual ejecución podría generar un cambio territorial irreversible.

Los demandantes sostienen que el corredor es una reserva estratégica para la conectividad norte-sur de la zona, que hoy depende de las rutas provinciales 338 (Solano Vera) y 301, ambas con alto nivel de saturación. En el escrito, también advierten que en el entorno se proyectan urbanizaciones sobre unas 280 hectáreas, con una población potencial de unos 35.000 habitantes.

El respaldo técnico y jurídico

La presentación incluye opiniones de las arquitectas urbanistas Marta Casares y Paula Llomparte, quienes cuestionaron la sanción de la norma y recomendaron su veto. Según los accionantes, ambas especialistas coinciden en que la eliminación de la calle podría consolidar barreras físicas y funcionales, agravando la fragmentación territorial y social.

Uno de los argumentos centrales es un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, previo al envío del proyecto a la Legislatura. Ese informe exigía acreditar que el inmueble había perdido su utilidad pública, justificar que ya no cumplía funciones de tránsito o conectividad, y demostrar un beneficio para la comunidad. Los vecinos aseguran que no se cumplió ninguno de esos requisitos.

Si bien reconocen que el dictamen no era vinculante, lo consideran un antecedente clave porque refleja los parámetros que el propio Estado consideraba indispensables antes de eliminar un bien público.

El paso que existió durante décadas

En el relevamiento, vecinos del barrio Virgen del Valle reconocieron que el paso está interrumpido por un canal de desagüe que impide la circulación hacia la avenida Vicente Lucci. Sin embargo, aseguran que durante décadas existió un camino que permitía acceder directamente a la Escuela N.º 12 “Provincia de Chaco”, en San Pablo. Esto podría corroborarse con registros satelitales históricos de Google.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deberá analizar la validez de las leyes y decidir si suspende sus efectos mientras avanza el proceso judicial.