El mapa oculto de Catamarca: dos departamentos ya superan el límite legal de tierras en manos extranjeras

Mientras el Senado se prepara para debatir la eliminación de los topes a la compra de tierras por extranjeros, un informe oficial expone una realidad que pocos quieren ver: Catamarca está entre las cinco provincias con mayor porcentaje de territorio foráneo, y dos de sus departamentos ya violan la ley vigente.

El próximo jueves, la Cámara Alta tratará el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 y otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. La iniciativa, bautizada como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", forma parte de un paquete de reformas más amplio que el oficialismo quiere imponer.

Los números que preocupan

Según la última actualización del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), correspondiente a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural catamarqueño está en manos de extranjeros. Ese porcentaje ubica a la provincia detrás de Salta, Misiones y San Juan, pero por delante de Mendoza y Santa Cruz.

Sin embargo, la cifra provincial esconde una asimetría brutal entre los dieciséis departamentos. Tinogasta y Paclín superan ampliamente el tope del 15% que fija la ley nacional para cada jurisdicción, y ambos concentran recursos estratégicos: agua, minerales, glaciares y periglaciares.

Tinogasta y Paclín, los casos extremos

Tinogasta encabeza el ranking provincial con un 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas en manos foráneas, más de diez puntos por encima del segundo departamento. El distrito cordillerano figura además en los informes nacionales sobre superposición entre extranjerización, glaciares y proyectos mineros, una combinación peligrosa vinculada a las reservas de agua dulce y a los yacimientos de litio.

Paclín, con el 20,66%, tiene una escala territorial mucho menor: apenas 98.373 hectáreas rurales. Esa diferencia de tamaño explica una concentración proporcional aún mayor, ya que en departamentos pequeños ese porcentaje equivale al control de una porción decisiva de la tierra productiva local.

La Paz y Santa María se ubican en una franja intermedia: por debajo del límite legal, pero muy por encima del promedio provincial y nacional. Los doce departamentos restantes presentan niveles bajos o nulos, lo que confirma que el fenómeno se concentra en el oeste y el sur del territorio.

Qué propone el oficialismo

El proyecto busca derogar el tope del 15% por país, provincia y departamento, y eliminar el límite que impide a una misma persona o empresa extranjera adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. También desactiva la obligación de registrar las ventas a extranjeros y suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo de control creado para monitorear el cumplimiento de los topes.

Al delegar esa prerrogativa, cada provincia tendrá la facultad de definir cuánta tierra y en qué lugares pueden comprar los extranjeros. La reforma avanza además sobre otras normativas: limita las expropiaciones, introduce desalojos exprés y deroga los artículos que prohibían cambiar el uso de suelos incendiados por plazos de 30 a 60 años.

El grito de alerta de un diputado

En medio de la tensión política, el presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, calificó la iniciativa como un "atentado contra la soberanía nacional" y pidió a los senadores catamarqueños que la rechacen.

"Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos", afirmó. Y agregó: "Milei habla de libertad, pero lo que está haciendo es legalizar el saqueo de nuestros recursos. No se trata de atraer inversiones, se trata de entregar el territorio nacional al mejor postor".

Ledesma fue contundente: "Sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional". El legislador también dirigió un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca: "Los insto, sin distinción de banderías políticas o ideológicas, a rechazar este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño", subrayó.